El Gobierno cifra en casos puntuales la ocupación ilegal en inmuebles de Emvicesa

El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, aseguró este viernes en el Pleno de la Asamblea que la ocupación ilegal de inmuebles de Emvicesa en Ceuta se limita a casos “muy concretos y testimoniales”, detallando que los episodios detectados se concentran en promociones específicas y que, en función de cada situación, se están abordando mediante regularización administrativa, mediación social o procedimientos judiciales.

Ramírez respondía así a una interpelación formulada por la diputada de Vox, Ana Belén Cifuentes, durante la sesión ordinaria de control, en la que el grupo preguntó por el número de viviendas, garajes y trasteros ocupados ilegalmente, por posibles adjudicaciones previas usurpadas por terceros y por las medidas adoptadas para evitar este tipo de situaciones.

En su primera intervención, el consejero explicó que en la promoción de Serrano Orive existe un caso de ocupación ilegal que ya ha sido judicializado y se encuentra pendiente de resolución. Añadió que en Padre Feijóo se ha detectado otro supuesto distinto, vinculado a una situación de vulnerabilidad derivada del fallecimiento del adjudicatario original. En este último caso, indicó que los servicios sociales están llevando a cabo labores de mediación y que, si no se alcanza una solución, se acudirá igualmente a la vía judicial.

Ramírez señaló que la problemática de mayor volumen se localiza en la promoción de Monte Hacho, aunque precisó que no se trata de viviendas, sino de garajes y trasteros. Según expuso, estos espacios se ofrecieron en su momento en un proceso de venta a precio libre que no logró adjudicar la totalidad de las plazas, quedando 27 unidades desiertas. Posteriormente, muchos de estos garajes y trasteros fueron ocupados por propietarios de viviendas de la propia promoción.

El consejero explicó que, durante la presente legislatura, Emvicesa ha mantenido contactos con los vecinos implicados para buscar una solución que permita regularizar la situación sin recurrir de forma inmediata a procedimientos judiciales.

El objetivo, según detalló, es articular un proceso de venta restringida dirigido a los propietarios de Monte Hacho, con condiciones específicas, entre ellas una posible reducción del precio en caso de pago al contado o la opción de abonar el importe a plazos durante un periodo máximo de diez años.

Precisó el consejero que esta operación se encuentra en “fase avanzada”, con la documentación y las bases ya cerradas, y que será elevada al consejo de administración de Emvicesa. Al tratarse de inmuebles libres y sin protección, aclaró que no será necesaria la intervención de la Comisión Local de Vivienda.

En su turno de réplica, Cifuentes insistió en que siguen existiendo 27 garajes desiertos y reprochó al Ejecutivo no haber aclarado si tiene constancia de otros inmuebles ocupados ilegalmente. También pidió explicaciones sobre las acciones preventivas que se están llevando a cabo y sobre el estado del reglamento de adjudicación de viviendas, preguntas que consideró que Ramírez no contestó en su primera intervención.

Confirmó el consejero de Fomento que en Monte Hacho persisten esos 27 garajes y trasteros, subrayando que existen situaciones diversas: algunos cuentan con contratos de alquiler que dejaron de abonarse y otros están directamente ocupados, en su mayoría por propietarios de la promoción. Reiteró que la prioridad es la regularización y que, si esta no es posible, se iniciarán los procedimientos judiciales correspondientes, recordando que la ley no permite desalojos inmediatos.

El mandatario popular contextualizó la situación en el ámbito nacional y afirmó que Ceuta y Melilla figuran entre los territorios con menor número de ocupaciones ilegales, muy por debajo de la media estatal. Desmintió Ramírez la afirmación de Cifuentes de que las problemáticas concretas llevan desde hace tiempo. "En el caso de Serrano Orive lo detectamos en enero o febrero de 2025", subrayó, aclarando que el proceso suele ser lento.

Sobre el caso de Padre Feijóo, reiteró que se trata de un episodio puntual relacionado con el fallecimiento del titular y que se está trabajando para encontrar una solución.

Antes de concluir, Ramírez recordó que Emvicesa trabaja en la modificación de dos reglamentos: el de adjudicación de viviendas y otro vinculado a los procedimientos de acceso. Ambos se encuentran en fase de borrador y pendientes de alegaciones. Según explicó, la revisión contempla la eliminación de la Comisión Local de Vivienda al entender que el procedimiento debe ser de carácter técnico y regirse por bases claras.