Del refuerzo de los servicios públicos a las demandas laborales: reivindicaciones sindicales en tiempos de crisis

Ceuta/ La crisis que ha alterado la actividad económica y social de Ceuta ha desplazado las prioridades de los sindicatos, pero no ha hecho desaparecer sus reivindicaciones anteriores. CCOO y UGT elevaron la voz en el comienzo de la emergencia para reclamar refuerzos urgentes para los servicios esenciales y una respuesta coordinada de las administraciones. Semanas después, sus demandas se concentran también en el reparto de las ayudas públicas, la recuperación de la negociación colectiva, la mejora de los salarios y la necesidad de afrontar los problemas estructurales del mercado laboral ceutí.

La evolución de sus planteamientos dibuja un recorrido desde la emergencia inmediata hasta la discusión, de mayor alcance, acerca de cómo evitar que una crisis excepcional termine aplazando indefinidamente las mejoras laborales y cómo conseguir que los recursos destinados a sostener la economía repercutan también en los trabajadores.

De la emergencia a la respuesta económica

En los primeros días de la crisis, desatada a finales de julio, las reivindicaciones sindicales estuvieron centradas en la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Los sindicatos reclamaron el refuerzo de las plantillas sanitarias, sociales, de limpieza y seguridad, así como el suministro de equipos de protección y materiales básicos. La organización también pidió un plan de contingencia que coordinase la situación con la Operación Paso del Estrecho.

La prioridad era atender una emergencia que sometía a una presión extraordinaria a trabajadores y administraciones. Las reclamaciones se extendieron a otros ámbitos, como la acogida de personas migrantes, la seguridad y la atención a menores, con demandas de más efectivos y recursos para responder a las necesidades inmediatas.

En agosto, el foco empezó a ampliarse. Una de las demandas planteadas por los representantes de los trabajadores fue la convocatoria de la Mesa por el Diálogo Social para analizar las consecuencias de la crisis sobre el empleo, la economía y la protección social. La petición suponía trasladar la respuesta desde la gestión urgente de la emergencia hacia un espacio de negociación entre la Administración, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

En paralelo, CCOO y UGT trasladaron sus propuestas al Gobierno central, con medidas dirigidas a sostener la actividad económica, reforzar los servicios públicos y garantizar la continuidad de las políticas de desarrollo de Ceuta. La preocupación ya no se limitaba a disponer de personal y medios suficientes para afrontar la situación, sino que también empezaba a centrarse en las consecuencias que tendría sobre el tejido productivo y las condiciones de trabajo.

La crisis coincidió, además, con negociaciones colectivas que ya arrastraban dificultades. El convenio de comercio es uno de los ejemplos señalados por los sindicatos CCOO y UGT. La paralización de estas conversaciones se convirtió en un motivo adicional de preocupación, al prolongarse la incertidumbre económica y empresarial.

Las ayudas, en el centro del debate

El siguiente paso fue reclamar que las medidas extraordinarias de apoyo a las empresas incorporasen garantías laborales. Tanto la secretaria general de UGT, Yolanda Aparicio, como su homólogo en CCOO, Ángel Lara, consideran necesario sostener el tejido productivo, pero rechazan que ese esfuerzo público se traduzca exclusivamente en beneficios empresariales.

“No hay medidas que tengan en cuenta el mantenimiento del empleo –critica Aparicio en su valoración del paquete de ayudas aprobado por el Gobierno central para afrontar la crisis–. Es todo para las empresas, ¿y para los trabajadores qué hay? No hay nada”.

La dirigente de UGT reclama que los agentes sociales participen también en la definición de las políticas de formación para el empleo. A su juicio, las decisiones no pueden tomarse al margen de las necesidades específicas de la ciudad. “Tenemos que poner en coordinación las dos cosas”, afirma en referencia a las necesidades del mercado laboral y a la formación que se ofrece a los trabajadores.

Lara defiende una posición similar desde CCOO. El dirigente sindical considera que las ayudas deben incorporar compromisos de mantenimiento del empleo y de cumplimiento de la negociación colectiva. “Tiene que haber un compromiso también por negociar los convenios”, sostiene.

Para el secretario general de CCOO, la excepcionalidad económica no puede convertirse en una justificación para eludir las obligaciones laborales, y reclama a las empresas que el apoyo público tenga contrapartidas.

La discusión adquiere especial relevancia con el incremento de las bonificaciones empresariales a las cotizaciones sociales, del 50% al 75%. Los sindicatos quieren que una parte del beneficio tenga reflejo en las nóminas mediante la revisión del denominado plus de vinculación.

La cuestión que plantean los sindicatos no es otra que la de determinar qué parte del esfuerzo económico destinado a sostener la actividad empresarial se traduce en una mejora para los trabajadores. CCOO y UGT defienden que las ayudas y las condiciones laborales no se negocien como asuntos independientes.

La negociación colectiva, pendiente

La Mesa por el Diálogo Social se presenta como el instrumento para convertir estas propuestas en compromisos. Aparicio reclama recuperar ese espacio para alcanzar un acuerdo de base que permita negociar posteriormente convenio por convenio. La dirigente sindical insiste en que la emergencia no puede dejar en suspenso las necesidades cotidianas de los trabajadores: “Vale que tengamos la crisis que tenemos, pero los trabajadores tienen que seguir con su salario y tener sus subidas correspondientes y todo, pues la vida sigue”.

La negociación, explica, ya estaba condicionada por las diferencias que antes de la crisis eran evidentes con los empresarios. Los sindicatos pretenden alcanzar un compromiso sobre el plus de vinculación que después pueda desarrollarse en los convenios colectivos.

Lara coincide en la necesidad de reactivar las conversaciones y advierte del riesgo de que la situación se prolongue paralizando la negociación colectiva.

La evolución de las reivindicaciones conduce a la cuestión de cuáles son los compromisos que deben asumir las empresas que reciben ayudas públicas y qué mecanismos permitirán comprobar su cumplimiento.

Problemas estructurales que la crisis no resuelve

Junto a las demandas vinculadas directamente con la emergencia, CCOO y UGT mantienen reivindicaciones anteriores que consideran imprescindibles para el futuro. Entre ellas figuran la actualización de la indemnización por residencia para empleados públicos y trabajadores privados y la continuidad de las medidas de desarrollo socioeconómico.

Aparicio advierte de que las cuantías de la indemnización por residencia de los empleados públicos están desfasadas y dificultan la captación y permanencia de profesionales. “Si tú no creas incentivos con una cuantía llamativa, la gente acaba concluyendo que no me merece la pena seguir porque lo que cobra de indemnización por residencia me lo estoy gastando en un alquiler”, explica la sindicalista.

La dirigente de UGT considera que las dificultades de acceso a la vivienda y el elevado coste de la vida reducen el atractivo de los destinos en Ceuta. Por eso reclama incentivos suficientes para evitar que las plazas queden vacantes.

En el sector privado, UGT reclama también mecanismos que garanticen el abono de la compensación por residencia y eviten diferencias entre trabajadores en función de las empresas en las que prestan sus servicios.

Las propuestas estructurales incluyen mejoras en las comunicaciones con la Península, el impulso a la diversificación económica y la continuidad de los instrumentos de desarrollo de la ciudad. En el ámbito de los servicios públicos, las organizaciones sindicales han reclamado más personal y recursos para sanidad, educación, justicia y atención social.

La secuencia de estos meses muestra una continuidad más que una sustitución de prioridades. La emergencia obligó a reclamar recursos inmediatos; sus consecuencias económicas llevaron a exigir ayudas y protección del empleo; y el bloqueo de las negociaciones devolvió al primer plano las reivindicaciones salariales y los problemas estructurales del mercado laboral de Ceuta.