Los sindicatos policiales de Ceuta dicen “basta ya” tras el derrumbe del techo en la oficina de denuncias

Las organizaciones sindicales representativas de la Policía Nacional en Ceuta —UFP, SUP, CEP, JUPOL y EYA— han alzado la voz de forma conjunta para denunciar el grave deterioro que, según aseguran, sufre desde hace años la Jefatura Superior de Policía de la ciudad autónoma.

La protesta sindical se ha intensificado tras el desplome registrado en la jornada de ayer del techo de la Oficina de Denuncias, un incidente que, afortunadamente, no provocó daños personales ni entre los ciudadanos ni entre los agentes que prestan servicio en esas dependencias.

Los sindicatos recuerdan que vienen alertando desde hace tiempo del estado deficiente de las instalaciones y consideran el suceso como una consecuencia directa del “incumplimiento flagrante” de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la Administración.

En este sentido, citan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como el Real Decreto 39/1997, que obligan a la Administración a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, asumiendo los costes necesarios para ello. Según las organizaciones, esta responsabilidad no solo afecta a los policías, sino también a los ciudadanos que acuden diariamente a la comisaría para realizar trámites.

“Es una falta de respeto hacia los profesionales que velan por la seguridad ciudadana y hacia los propios vecinos, que son atendidos en condiciones deplorables”, señalan los sindicatos, que describen la comisaría como “una carrera de obstáculos”, con cubos repartidos por las dependencias para recoger el agua de las numerosas goteras.

A estas deficiencias estructurales se suman, según denuncian, problemas de climatización en distintos departamentos, lo que expone a la plantilla a temperaturas extremas y dificulta el desarrollo normal de su labor diaria.

Las organizaciones sindicales reclaman soluciones definitivas y rechazan la aplicación de “parches” o medidas provisionales. En este sentido, exigen al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía una partida presupuestaria “inmediata y suficiente” para acometer una reforma integral del edificio o, en su defecto, el traslado a una nueva sede que cumpla con los estándares mínimos de dignidad, funcionalidad y operatividad.

“No vamos a permitir que la desidia de la administración ponga en peligro la salud de los policías y, mucho menos, la de los ciudadanos”, subrayan los representantes sindicales, recordando que son los propios agentes quienes tienen encomendada la protección de la seguridad pública.

Finalmente, las organizaciones advierten de que, si no se adoptan medidas de manera inmediata, no descartan emprender acciones legales y poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo.