UFP señala a Marlaska como responsable del abandono de policías nacionales y guardias civiles

Ceuta/ Las organizaciones sindicales de la Policía Nacional, con la excepción de CEP, SPP y EYA, y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, salvo Unión de Oficiales, protagonizaron la noche del martes un encierro pacífico en el Ministerio del Interior para exigir una solución a la jubilación de ambos colectivos. Los representantes fueron desalojados de madrugada, después de que la ruptura de las negociaciones dejara sin respuesta una reivindicación histórica.

Desde la Unión Federal de Policía (UFP) se señala al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como máximo responsable político de una situación que mantiene a miles de policías nacionales y guardias civiles en una posición de desigualdad respecto a otros cuerpos policiales que ya cuentan con el reconocimiento de profesión de riesgo y con mecanismos para acceder a la jubilación anticipada.

Tras casi un año de reuniones, compromisos y negociaciones sin resultados efectivos, la Secretaría de Estado de Seguridad comunicó a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que la convocatoria de elecciones generales ponía fin a la mesa de negociación creada para abordar esta cuestión. Una decisión que ha provocado indignación entre las organizaciones representativas, que consideran inadmisible que una reivindicación de esta trascendencia quede paralizada sin una solución concreta.

Para UFP, el ministro Grande-Marlaska no puede eludir su responsabilidad al frente del Ministerio del Interior. La falta de avances durante este periodo y el cierre de la vía negociadora evidencian que las demandas de los agentes no han recibido una respuesta a la altura de la importancia de sus funciones, de los riesgos que afrontan y de la responsabilidad que asumen diariamente en defensa de la seguridad ciudadana y del Estado de Derecho.

La organización sindical denuncia que los distintos gobiernos han mantenido una situación discriminatoria para la Policía Nacional y la Guardia Civil en materia de jubilación. Mientras la Ertzaintza dispone de jubilación anticipada desde 2008, las policías locales cuentan con ella desde 2019 y los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra desde 2022, los dos cuerpos estatales continúan sin un régimen equivalente.

Esta diferencia de trato constituye, a juicio de UFP, un agravio que debe corregirse de manera urgente. Los policías nacionales y los guardias civiles desempeñan funciones de seguridad pública que conllevan riesgos y exigencias profesionales que justifican un reconocimiento acorde con la naturaleza de su trabajo y unas condiciones de jubilación equiparables a las de otros cuerpos policiales.

Ante la ausencia de soluciones, se ha impulsado la Plataforma Conjunta de Policías y Guardias Civiles para una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, que reclama el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo a efectos de jubilación, la aplicación de índices correctores que permitan anticipar el retiro en condiciones justas, la plena equiparación salarial y la eliminación de las diferencias que actualmente soportan sus integrantes.

Asimismo, se reivindica que los guardias civiles puedan permanecer voluntariamente en situación administrativa de servicio activo hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, fijada en 65 años, conforme a la regulación que resulte aplicable.

UFP considera que el desalojo de los representantes que se habían encerrado pacíficamente en el Ministerio del Interior no resuelve el problema de fondo ni puede servir para silenciar una reivindicación legítima. La protesta puso de manifiesto el profundo malestar existente entre los profesionales y sus representantes ante la falta de avances y la ausencia de compromisos efectivos.

El sindicato exige a Fernando Grande-Marlaska que asuma su responsabilidad política, que no dé por cerrada esta negociación y que impulse las medidas necesarias para alcanzar una solución real. La convocatoria de elecciones no puede convertirse en una excusa para aplazar indefinidamente los derechos de miles de trabajadores públicos que llevan años reclamando igualdad de trato.

Desde UFP se insiste en que la jubilación digna, el reconocimiento de la profesión de riesgo y la plena equiparación salarial no son privilegios, sino reivindicaciones de justicia profesional. Los policías nacionales y los guardias civiles merecen el mismo reconocimiento que el resto de cuerpos policiales y unas condiciones de jubilación acordes con el servicio que prestan a la sociedad.

UFP continuará defendiendo estas reivindicaciones y reclamando al Ministerio del Interior respuestas concretas, compromisos verificables y soluciones definitivas. La responsabilidad de poner fin a esta desigualdad corresponde a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones y transformar las promesas en derechos efectivos.