AUGC denuncia “la ineficacia” del protocolo anti acoso en la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado una reforma urgente del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Guardia Civil, tras las recientes declaraciones del Fernando Grande-Marlaska, quien anunció una inspección extraordinaria sobre los procedimientos vigentes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En un comunicado, la asociación mayoritaria en el Cuerpo considera “profundamente lamentable” que la Administración tenga que esperar a que se produzcan hechos “gravísimos y de calado mediático” para reconocer, a su juicio, las deficiencias de un sistema que, sostienen, “falla estrepitosamente y deja a las víctimas en la más absoluta desprotección”.

El actual protocolo fue aprobado mediante Resolución de 22 de julio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil. Desde entonces, AUGC asegura haber advertido de sus “flagrantes deficiencias” y de su alejamiento respecto a las garantías que, según indican, sí contempla la normativa de la Administración General del Estado (AGE).

Entre las principales diferencias, la asociación señala que, en la Guardia Civil, la persona que sufre acoso debe comunicar los hechos al superior jerárquico del presunto acosador, una fórmula que califican de “despropósito jurídico”. En la AGE, recuerdan, la denuncia puede ser presentada no solo por la víctima, sino también por su representante legal, sindicatos u otros empleados públicos.

Asimismo, critican que en el ámbito del Instituto Armado se limite el acompañamiento de la víctima durante el proceso a miembros del propio Cuerpo, mientras que en la AGE se permite acudir con cualquier persona de confianza. En cuanto a las medidas organizativas, denuncian que, en la práctica, es la presunta víctima quien suele verse obligada a cambiar de destino o a continuar bajo la supervisión del denunciado, a diferencia de lo que ocurre en la administración civil, donde se separa al presunto acosador preservando el puesto de la víctima.

La AUGC también advierte de plazos “excesivamente largos” que, a su juicio, provocan revictimización, obligando a relatar los hechos en varias ocasiones y sin posibilidad de recurso interno frente a la resolución final.

A estas críticas suman la aplicación del Código Penal Militar en actuaciones estrictamente policiales, lo que, según la asociación, genera una “barrera jurisdiccional inaceptable” y favorece el corporativismo. Como ejemplo, citan el caso de una teniente que, tras respaldar a una guardia civil denunciante, fue expedientada.

La asociación exige la convocatoria inmediata de un grupo de trabajo para reformar el protocolo y garantizar un entorno laboral seguro, reclamando que la “tolerancia cero” frente al acoso se traduzca en medidas concretas y efectivas dentro del Cuerpo.