La familia de la niña atacada por el Rottweiler denuncia a su dueño
Sucesos
Los progenitores se trasladaron a la Jefatura al abandonar el hospital donde curaron las heridas a la menor de siete años. El propietario se enfrenta a un delito de lesiones por imprudencia

Ceuta/ La familia de la ceutí de siete años atacada este domingo por un perro en la playa de la Ribera ha denunciado al dueño del can ante la Policía Nacional. Sus progenitores se dirigieron a la Jefatura Superior en cuanto la menor fue dada de alta del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), después de que le curaran las heridas que presentaba en la espalda y los glúteos por las mordeduras del animal, de raza Rottweiler, que iba "suelto y sin bozal" pese a tratarse de un perro potencialmente peligroso (PPP), según confirman fuentes policiales.
El propietario del animal se enfrenta a un delito de lesiones por imprudencia, que se produce al causar daño a otra persona por negligencia, sin la intención de hacerlo. Se trata de un delito penal regulado en el Código Penal español. Las imprudencias cometidas por el dueño, según las fuentes consultadas, fueron dejar al perro suelto y sin bozal, lo cual está prohibido en espacios públicos en virtud de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Además del proceso judicial, el propietario deberá afrontar las posibles sanciones administrativas que impone la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el órgano con competencias para el control de animales. El área podría abrir un expediente administrativo sancionador si se constata alguna infracción de la Ley 50/1999 o del Real Decreto 287/2002, que regulan la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Las multas oscilan entre los 300 y 2.404 euros en caso de infracciones graves y entre los 2.404 y 15.025 euros si se determina una infracción muy grave (si causa lesiones a otra persona, como es el caso). La normativa contempla la retirada del animal, la suspensión o revocación de la licencia PPP y la prohibición de tenencia futura.
La menor se encuentra en buen estado después de que fuera asistida en la noche del domingo en el HUCE, adonde fue trasladada por el 061 cuando rondaban las 20:30 horas. Le practicaron las curas necesarias en la espalda y los glúteos, tras lo cual fue dada de alta. La niña deberá acudir a diario a su centro de salud para someterse a nuevas curas durante las próximas jornadas.
Cómo se actúa
Los afectados por el ataque de un perro -o cualquier otro animal- tienen la posibilidad de denunciar o no a su propietario ante la Jefatura Superior de Policía. Se produzca o no la denuncia, la Consejería de Sanidad puede actuar de oficio ante una agresión animal activando un protocolo de actuación centrado en la protección de la salud pública y el control del animal implicado. La intervención se inicia en cuanto las autoridades sanitarias reciben el aviso del suceso, normalmente a través de la Policía Local o de los servicios médicos que atienden a la víctima. No consta que ese aviso se haya recibido ya tras los hechos ocurridos el domingo en la Ribera.
Acorde a la normativa vigente, el primer paso consiste en identificar al animal y a su propietario para comprobar si está registrado, vacunado y, en caso de tratarse de un perro potencialmente peligroso (PPP), si cuenta con licencia y seguro obligatorios. Según ha podido saber este diario, el can está al corriente de todas las vacunas, además de contar con seguro. Paralelamente, el animal agresor es sometido a una observación veterinaria de catorce días, ya sea en su domicilio o en el centro zoosanitario municipal, con el fin de descartar enfermedades transmisibles, especialmente la rabia.
Una vez completada la observación, los técnicos de Sanidad emiten un informe veterinario oficial que se remite al juzgado o a la autoridad policial correspondiente. Si se detectan incumplimientos de la normativa —como la ausencia de bozal, correa o licencia PPP—, la Consejería abre un expediente sancionador conforme a la Ley 50/1999 y al Real Decreto 287/2002. Las multas pueden alcanzar los 15.000 euros, e incluso contemplan la retirada del animal o la revocación de la licencia.
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