El centro de crisis 24 horas, en peligro real tras sucesivas prórrogas

CEUTA/ El quebradero de cabeza para el Gobierno local de Ceuta continúa siendo la apertura del centro de crisis 24 horas, un servicio de atención “permanente y actuación urgente” para víctimas de violencia sexual, con atención psicológica, jurídica y social, que es obligatorio por ley que ofrezcan todas las comunidades y ciudades autónomas del país. Su puesta en marcha se le lleva atragantando a la administración desde hace años, después de sucesivas prórrogas que están poniendo en peligro los fondos europeos destinados a este apoyo para la ciudadanía. Los focos ahora apuntan a finales de diciembre, fecha supuestamente límite para ponerlo en funcionamiento. 

El centro de crisis 24 horas es un servicio financiado a través de los fondos europeos NextGeneration a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La inversión se canaliza mediante la Conferencia Sectorial de Igualdad y el Ministerio del mismo área. Las fuentes oficiales indican que desde 2021 se han transferido 83,06 millones de euros a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para poner en marcha esta ayuda para las mujeres. 

El objetivo es operar al menos un centro por provincia y en Ceuta y Melilla. El acuerdo sectorial, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija además indicadores y el carácter finalista de los fondos, por lo que hay riesgo de reintegro: si no se ejecuta el gasto o se incumplen los objetivos, procede la devolución total o parcial de las transferencias, algo que teme hasta la fecha el Gobierno local de la ciudad autónoma a pesar de estar, según declaraciones de los consejeros, en constante contacto con el Ministerio de Igualdad. 

El primer desahogo para Ceuta y otros territorios que no habían cumplido con los plazos previstos se conoció cuando el Ministerio de Igualdad, gracias a la luz verde de Europa, extendió el límite para tener los centros operativos hasta el 2 de junio de 2025. Por esas fechas, representantes del Gobierno local como el portavoz Alejandro Ramírez ya eran preguntados por los medios y reconocían los retrasos, aunque mostraban confianza en no tener que devolver -ni perder- los fondos.

A finales del mes de junio la Ciudad confirmaba una tercera prórroga vinculada a una modificación del proyecto que fijaba el plazo hasta diciembre de este año. La apertura del centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia de género en Ceuta volvía a embarrarse y la incertidumbre sobre los plazos y la posible devolución de fondos no desaparece del horizonte. 

Reproches

Los reproches no tardaron en salir ante el incumplimiento de plazos. El pasado 27 de septiembre fue el PSOE de Ceuta el que difundió una nota de prensa alertando de la "insuficiencia de recursos y planificación" en materia de violencia de género y puso el acento en el centro de crisis 24 horas.

Los socialistas, además, reprocharon al Gobierno local que Ceuta sea el único territorio de España que no cuenta con este tipo de centros, que además es obligatorio tenerlos en funcionamiento, según la normativa. 

"Este centro debería garantizar atención psicológica, jurídica y social inmediata los 365 días del año (...) El Ejecutivo local se limita a acciones puntuales, sin avanzar en un servicio estable y especializado", lamentaron los socialistas. 

Desde Daoiz aprovecharon también para poner sobre la mesa el aumento de casos activos de violencia de género en Ceuta (más de 260, un aumento del 50%) recordando la intervención de la consejera de Servicios Sociales, Nabila Benzina. “Estas cifras reflejan una emergencia social que no puede resolverse con gestos simbólicos”.

Equipo humano

El Centro de Crisis 24 h contará, según publicó el BOE en mayo, con un equipo multidisciplinar integrado por una coordinadora con licenciatura en Psicología, una psicóloga, una abogada especializada en asesoramiento jurídico, dos trabajadoras sociales y una persona administrativa. 

La reorganización busca garantizar una atención permanente, las 24 horas del día y los 365 días del año, manteniendo la eficiencia y la sostenibilidad del servicio. Según el protocolo, la atención se dirigirá a mujeres adultas, adolescentes mayores de 16 años y niñas a partir de los 12, sin distinción de nacionalidad o situación legal en España.

El centro ofrecerá alojamiento provisional de urgencia para víctimas que no dispongan de un entorno seguro, con estancias de entre 48 y 72 horas. Las dependencias se ubicarán en los bajos del Centro Asesor de la Mujer, con una integración funcional que permitirá compartir recursos y profesionales entre ambos servicios.

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