El complejo asistencial para discapacitados: 15.000 metros en suelo de Defensa

Ceuta/ Varios miembros del Gobierno de Ceuta se reunieron hace unos seis meses con representantes de una empresa privada interesada en asumir el proyecto de un complejo asistencial para personas con discapacidad que contemple una residencia de adultos, una unidad de estancia diurna y un centro ocupacional. Los posibles inversionistas trasladaron a la Ciudad que requerirían de entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados para ubicar un espacio que deberá contar con zonas verdes. La administración, que está estudiando la propuesta, baraja entre las opciones hacer uso de parte del suelo cedido por el Ministerio de Defensa, ya que la cesión contemplaba que una parte se destinara a “algún complejo de dotación social o asistencial”. A la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Nadia Mohamed, las explicaciones ofrecidas por la administración local despertaron en ella un recuerdo “y no bueno”: cuando el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, aseguró en 2016 que Ceuta contaría con una clínica de radioterapia tras cederle un terreno a la clínica privada Genesiscare, que terminó por abandonar el proyecto.

“Queremos que garantice que hay un plab B si finalmente no se puede con inversión de unos empresarios porque al final deciden que no es rentable, y que además sería sobrecoste para las familias”, le pidió la diputada al consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, en la sesión de control celebrada este jueves. Ramírez estuvo a cargo de responder una interpelación dirigida a la responsable del área de Servicios Sociales, Nabila Benzina, que no pudo acudir al pleno al hallarse en Portugal, participando en un congreso mundial de Salud Mental.

El popular, que estuvo presente en el encuentro referido con los empresarios, explicó que la Ciudad tiene varias opciones. Una de ellas es colaborar con la empresa para que realice la inversión, que después irá recuperando en un acuerdo con la Ciudad por el que pagaría un canon. En este supuesto, el Gobierno local habilitaría un programa para ayudar a las personas que no puedan permitirse el coste, en algunos casos, incluso, “del cien por cien”. La construcción del centro integral para la atención de personas con discapacidad es un proyecto en el que el Ejecutivo está trabajando de manera coordinada con la Consejería de Urbanismo y Transportes, para analizar la “viabilidad desde el punto de vista urbanístico, funcional y económico”.

La portavoz del MDyC recordó que, en Ceuta, los chicos y chicas que dejan el CEE San Antonio al cumplir los 21 años, “quedan completamente abandonados” por la Administración Pública, debido a que muy pocos de ellos logran entrar en Plena Inclusión. Es por ello que también preguntaron si se han tomado medidas para paliar la saturación de Plena Inclusión y garantizar que todos los usuarios puedan ser atendidos.

Alejandro Ramírez reconoció que la asociación “requiere de mayor espacio”, e informó de que están estudiando “las posibilidades” para ceder locales tanto a Plena Inclusión como a Autismo y algunas entidades sociales más. La Ciudad ha mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno en Ceuta para abordar la opción de que la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) ceda unos locales que actualmente tiene en desuso. Incluso se plantean la posibilidad de comprarles las propiedades para que las asociaciones puedan hacer uso de ellas gratuitamente.

Otro de los asuntos referidos por Nadia Mohamed fue el demandado y prometido albergue social. Nabila Benzina dijo el pasado año que esperaba tenerlo en funcionamiento en 2025, lo cual no va a ocurrir. Este mismo miércoles se supo que ha quedado desierto el concurso para adquirir un inmueble donde ubicar el albergue para personas sin hogar. Se ha debido a que las empresas licitadoras no han podido acreditar la documentación técnica requerida. Ramírez ha explicado que, ante el panorama, solo hay dos opciones: volver a lanzar una licitación o acudir a un negociado sin publicidad.

Esto último es posible ya que el primer concurso ha quedado desierto por falta de documentación y no por falta de presupuesto. En caso de que la Consejería optara por la segunda opción, lo cual desconoce Ramírez, los plazos se reducirían ya que se trataría de una “negociación casi directa”.

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