El inminente desahucio de la familia de Hanan: “Necesito una vivienda, mi hijo no puede estar en un hostal”

Hanan, una vecina de Ceuta y madre de tres hijos, afronta un desahucio previsto para el próximo 29 de septiembre sin una alternativa habitacional por el momento que permita atender las necesidades de su familia; especialmente de su hijo de 15 años, que tiene diagnosticada una discapacidad del 69% y lleva desde los tres años con seguimiento psiquiátrico. La mujer, que también vive con una hija de 13 años y a quien visita otra mayor de edad que estudia en Córdoba, asegura que perdió una subvención para el alquiler del domicilio hace cinco años, pocos meses después de mudarse al mismo, y que no ha podido asumir por sí sola el arrendamiento de la vivienda al solo percibir la ayuda económica del Ingreso Mínimo Vital.

El alquiler vale 600 euros, y Servicios Sociales comenzó a costear 400 euros de esta cantidad. No obstante, a pesar de que le dijeron que esta situación iba a durar al menos cinco años, a los meses le “quitaron” la ayuda, y tuvo que dejar de pagar el alquiler. “Se acuerda continuación del lanzamiento del día 29 de 2026”, señala el auto de un juzgado de instrucción de Ceuta al que ha tenido acceso este diario, rechazando así la suspensión del desahucio solicitada previamente por la representación letrada de Hanan.

A la mujer, que está a punto de perder su casa, le preocupa menos dónde dormirá ella que dónde pernoctarán sus hijos. El calendario marca el día 29 como la fecha del desahucio que pesa sobre la vivienda. Y, a medida que se acerca ese día, la cuestión que repite no es cuánto tardará en recoger sus pertenencias ni dónde podrá guardar los muebles. Es otra: “¿Cómo voy a dar medicación a mi hijo en la calle?”, se pregunta retóricamente en una entrevista con El Pueblo en el mismo domicilio de la calle Córdoba —entre El Morro y Hadú, perpendicular a la Avenida de Regulares—.

La casa, de dos habitaciones, escalones empinados, muchas humedades y ningún lujo, cuenta al menos con un dormitorio para su hijo, quien debido a los tres trastornos distintos psiquiátricos de la conducta que padece, prefiere “estar solo” aunque necesite atención constante. Necesita medicación psiquiátrica, seguimiento médico y supervisión constante. No puede desenvolverse de manera independiente y depende al completo de su madre. Cuando está sometido a cualquier situación de estrés, su comportamiento cambia: se pone nervioso, da vueltas por la noche y puede llegar a golpear cosas. En la otra habitación duermen juntas la madre y la niña más pequeña.

Hanan confía en contar con una alternativa habitacional ante el inminente desahucio, si bien teme que esta sea un hostal. Antes de vivir en la calle Córdoba pasaron unos ocho meses en una pensión, pero asegura que su hijo “sufría” al escuchar golpes en la pared. “Ahora es un hombre y podría tener conflictos al estar en un espacio muy reducido y con ruidos”, expresa la vecina ceutí.

La vivienda en la que viven ahora es, por tanto, el espacio en el que el menor tiene una habitación para él solo, una rutina y unas condiciones que, según su madre, le permiten estar más tranquilo con su medicación. “El niño no puede estar con nadie si no es conmigo”, afirma Hanan. La mujer teme que una salida precipitada de la vivienda rompa esa estabilidad y complique todavía más la atención que necesita.

Su dedicación al adolescente es “completa”, lo que mantiene que supone un ahorro a las autiridades al sufrir el niño la mencionada discapacidad. La madre no trabaja desde hace cinco años, cuando lo hizo en el Plan de Empleo, y a ella le gustaría encontrar un oficio con el que pudiera compatibilizar esa atención al joven; con horario de mañana, que coincida con el tiempo en el que él va al colegio.

Durante la entrevista, además de mucha documentación, saca el carnet de demandante de vivienda de alquiler social de Emvicesa, que “siempre” le habría sido desestimada a pesar de que mantiene haberla solicitado durante los últimos 16 años. Cuando en 2017 se divorció de su exmarido, una resolución judicial estableció que él debía pagarle una pensión alimenticia por los hijos de 400 euros, si bien esta cantidad “nunca” ha sido satisfecha, de acuerdo con una denuncia reciente —y otra más del año 2023— que recuerda su situación económica y social de “extrema gravedad” y también menciona el referido desahucio. Este procedimiento penal sigue abierto y en pocos meses habrá juicio.

“La pérdida de la vivienda habitual no supondría únicamente un problema económico para la familia, sino una situación susceptible de provocar una grave exclusión residencial y social, con especial incidencia sobre los menores y, de forma particularmente intensa, sobre el menor con discapacidad. Dejan el entorno en el que viven, sus amigos y vecinos, con los que existen lazos de afectividad”, reza textualmente la queja presentada por la representación letrada de la mujer al Defensor del Pueblo, un documento al que ha tenido acceso este diario y está fechado el pasado día 16 de septiembre.

“Los documentos no nos hacen mejores que a las personas migrantes”

La mujer no quiere perjudicar a Servicios Sociales, área a la que le agradece su atención, ni negar ayuda a otras personas. También tiene palabras de agradecimiento para Cáritas, que también ha ayudado a la familia.

Defiende que los migrantes también son personas y merecen respeto, alojamiento y protección, por lo que insiste en que ninguna administración debería dejar a nadie —niños, familias, personas vulnerables— durmiendo en la calle. Considera que los recursos deben repartirse con justicia y que tener nacionalidad española o documentación no hace a unas personas superiores a otras. Su argumento, según afirma, es que las administraciones deben garantizar una respuesta para todas las personas vulnerables.

“Los documentos no nos hacen mejores que a ellos. Somos personas”, sostiene, al tiempo que se pregunta si no tendrá que “ir a dormir a la Playa del Trampolin” como el resto de extranjeros que cruzaron irregularmente la frontera, una imagen que está segura de que causará una importante indignación social.

“Cuando la Policía me diga que tengo que salir, lo respetaré. Pero, cuando recoja a los niños del colegio, ¿dónde me meto?”

Hanan afirma que su propio estado de salud ha empeorado por la presión: padece depresión, insomnio, dolores de cabeza y estrés intenso; y asegura que además recientemente sufrió un derrame cerebral. Tiene pendientes una consulta hematológica y análisis de sangre, pero no se siente capaz de acudir. Un especialista le advirtió que debe cuidarse y que el estrés podría aumentar el riesgo de una trombosis. Considera que la situación actual la está “matando” y reclama estabilidad para poder atenderse.

Con un total de 1.250 euros que recibe del Ingreso Mínimo Vital tiene que cuidar de dos adolescentes, uno además con necesidades especiales, y además sufragar los gastos de su hija de 18 años en Córdoba, que estudia un doble grado de Matemáticas y Filosofía. Solo la habitación que ella paga en la localidad andaluza son 260 euros; además de otros gastos como la luz, el agua, la comida o el tren. “Tengo que mandarle el alquiler, porque la niña, aunque con 18 años es mayor de edad para el Estado, para mí es una niña. Y tiene que comer”, explica.

Hanan asegura que Servicios Sociales conoce “muy bien” su situación, pero no confía que vaya a haber una solución en un último momento. “Me dijeron que tenía que buscarme otra casa, pero no puedo pagar un alquiler sola por mi cuenta, de lo elevado que está ahora con la crisis migratoria. Puedo pagar un alquiler asequible”, afirma, al tiempo que asegura que está habiendo “muchos desahucios” y le han comunicado que “los hostales están llenos”.

Queda poco más de una semana para el desalojo y ella se siente ya “a las puertas de la calle”. Asegura que no se resistirá si llega la Policía y se le ordena abandonar la casa. “Si hay que salir, salgo. Yo siempre respeto la ley”, afirma. Pero inmediatamente vuelve a la misma cuestión: “Cuando recoja a los niños del colegio, ¿dónde me meto?”.