Los inspectores del INSS se plantan: “No somos burócratas con fonendo, somos médicos”

En sus 22 años como médica inspectora de la Seguridad Social, Silvia Ledo jamás había visto un panorama tan negro en su sector. La secretaria general del Sindicato de Médicos Inspectores de la SS (SIMEDISS), que ha convocado huelgas indefinidas el 27 de cada mes, denuncia que “se está desvirtuando un sistema garantista” por medio de robar “derechos a los profesionales y a la ciudadanía”. Hace 12 años, recuerda que veían a los usuarios a los tres meses de la baja. En 2022, el plazo se había ampliado a los 300 días. Ahora, en muchos territorios la espera alcanza los 700 días, acercándose al máximo de duración de la Incapacidad Temporal (IT), de 745 días. La Administración trata de paliar la falta de profesionales sobrecargando a su personal y pidiéndoles que atiendan algunos casos de manera telemática, dificultándoles que puedan ejercer “con rigor”.

Esta situación, en un empeoramiento progresivo desde 2023, ha provocado un “hartazgo absoluto” entre los inspectores, según relata Ledo en una entrevista concedida a El Pueblo de Ceuta después de que el Sindicato Médico de la ciudad autónoma anunciara su apoyo a las protestas encabezadas por SIMEDISS. El seguimiento de los paros (que arrancaron en octubre) ha superado ya el 50%, según la organización. Para la presidenta, la considerable participación da cuenta del descontento generalizado; en parte, por la actitud de la Dirección General del INSS. “Nos dicen que no somos médicos viendo pacientes, sino funcionarios viendo trabajadores. Pero nosotros no somos burócratas con fonendos. Somos médicos”, expresa.

Recuerda que, en base a las valoraciones que ellos realizan, determinan si los usuarios “reciben o no determinadas prestaciones económicas de las que depende su subsistencia y la de sus familias”. “No es una cosa baladí, es algo muy serio. Y eso tiene que hacerse con un rigor exquisito, porque la caja de las pensiones no es una caja infinita”, afirma Ledo, quien lamenta la cantidad de personas que continúa de baja quizás sin necesitarlo ya por estar a la espera de la cita de valoración médica, que cada vez se demora más. Durante el primer año de incapacidad, un médico de cabecera puede emitir el alta, pero a partir de los 12 meses pasa a ser competencia del inspector del INSS. “Si en ese periodo no vemos a los ciudadanos toda la gente que está de baja está cobrando. Por eso decimos que la gestión de la incapacidad temporal está siendo nefasta. Llevamos avisando desde el 2023 que así no se iba a controlar la incapacidad temporal”.

“El paciente que esté enfermo no puede dejar de percibir su prestación, y al que no le corresponda no debe percibirla. Y queremos poder trabajar con rigor. Somos médicos, trabajamos valorando con un acto médico, con un rigor científico y eso no se puede suplir por una nefasta gestión que están haciendo. No pueden pretender eliminar el acto médico y convertirnos en administrativos que pasamos papeles de un lado a otro”, opina Silvia Ledo.

Ceuta cuenta con tres médicas inspectoras. En septiembre de 2025, se dio la coyuntura de que todas estuvieron de baja a la vez durante un breve periodo de tiempo. La falta se suplió con la atención por videoconferencia de inspectores desde la Dirección General en Madrid. Una alternativa a la que la Administración, según Silvia Ledo, está recurriendo en numerosos territorios donde o bien no hay médico o no hay personal suficiente. Pero alerta del peligro que esto conlleva: “Al paciente que está en Ceuta o Teruel lo ve un médico que está en Madrid por videoconsulta. Pero así no los pueden explorar. Es un despropósito. Los ciudadanos están en una situación de indefensión tremenda, nosotros nos negamos a trabajar en esas condiciones”. Según afirma, la Organización Médica Colegial se ha pronunciado recientemente sobre estas instrucciones diciendo que “vulneran el código deontológico” del médico.

El origen

La presidenta de SIMEDISS explica que el origen de los problemas se remonta a la aprobación del Real Decreto Ley 2.023 del 16 de marzo de 2023, en el que se aprobó la desaparición de Tribunal Médico del INSS, que, compuesto por cinco miembros, controlaba las bajas a partir de los 12 meses. En su lugar, se harían cargo de sus funciones los médicos inspectores. Es decir, un médico debe hacer el trabajo que antes desempeñaban cinco personas. Ese cambio normativo, que el Gobierno justificó por la necesidad de mejorar la gestión de la incapacidad temporal, es señalado por el colectivo como el detonante de una crisis estructural que venía gestándose desde años atrás. “Somos un colectivo históricamente sobrecargado, dentro de una administración eminentemente administrativa, no sanitaria”, explica Ledo.

La reforma, lejos de aliviar la situación, multiplicó las funciones sin modificar ni la estructura organizativa ni los recursos disponibles. Antes de su entrada en vigor, los inspectores ya advirtieron del impacto. Más de la mitad del colectivo firmó un escrito solicitando que se revisara la medida. Alertaban de que asumir en solitario las decisiones que antes correspondían a un órgano colegiado implicaría una pérdida de garantías, tanto para los profesionales como para los ciudadanos. “No podíamos hacer en el mismo tiempo de consulta el trabajo que antes hacía un tribunal completo”, subraya.

Pese a las advertencias, la reforma se aplicó. Poco después, una resolución de la Secretaría de Estado reconocía explícitamente el aumento de responsabilidades y carga de trabajo, justificándolo por motivos económicos. La respuesta de la Administración fue ofrecer un incremento del complemento de productividad, una medida que el colectivo rechazó de plano. “Nosotros no pedíamos dinero a cambio de empeorar nuestro trabajo. Pedíamos poder trabajar con rigor, con más tiempo y más medios”, afirma.

Nace SIMEDISS

El conflicto escaló rápidamente. Entre septiembre de 2023 y julio de 2024 se sucedieron movilizaciones y huelgas. Finalmente, en julio de 2024 se alcanzó un acuerdo con la Administración a través de un sindicato generalista. Aquel pacto incluía mejoras en prevención de riesgos laborales, organización del trabajo y seguridad profesional. Sin embargo, según denuncia la presidenta de SIMEDISS, el acuerdo nunca se llegó a aplicar. “Fue una maniobra para desconvocar la huelga”, sostiene Ledo.

La falta de cumplimiento y la ausencia de presión sindical posterior dejaron al colectivo sin herramientas de negociación. La respuesta fue una reorganización interna: los propios inspectores financiaron la creación de su propio sindicato, SIMEDISS, constituido en marzo de 2025. Desde entonces, el nuevo sindicato ha intentado reabrir el diálogo institucional sin éxito. Cartas al secretario de Estado, peticiones de mediación a la ministra y reuniones sin resultados han desembocado en una escalada progresiva de las protestas: primero paros parciales desde octubre de 2025, y posteriormente huelgas indefinidas mensuales desde enero de 2026.

Ante la falta de profesionales y el aumento de la demanda, lejos de reforzar plantillas o convocar nuevas plazas, la Administración ha optado por aumentar la carga de trabajo individual y modificar los procedimientos. Entre las medidas más controvertidas está la evaluación no presencial de determinados casos o la realización de videoconsultas entre provincias. Para los inspectores, esto vulnera el acto médico. “No puedes valorar a un paciente sin verlo. Es contrario al código deontológico y deja al ciudadano en indefensión”, denuncian.

Incluso se han dado situaciones extremas: direcciones provinciales sin médicos suficientes o pacientes que alcanzan el límite legal de su baja sin haber sido evaluados. En paralelo, se han emitido informes jurídicos que cuestionan la legalidad de algunas instrucciones internas, al considerar que podrían vulnerar principios básicos de la práctica médica y de la propia administración pública.

Los inspectores insisten en que el problema trasciende sus condiciones laborales. “Somos funcionarios al servicio del ciudadano”, recalca Ledo. A su juicio, lo que está en juego es la integridad de un sistema que debe equilibrar la protección social con el control del gasto público. El temor del colectivo es que el deterioro actual no sea accidental. Sin afirmarlo de manera categórica, el sindicato deja entrever la preocupación de que la falta de soluciones responda a una estrategia de transformación del modelo hacia uno dominado por las mutuas. Advierten del riesgo de pérdida de independencia en la evaluación médica si las funciones acaban en manos de otros actores.