En la pensión donde han alojado a Hanan tras el desahucio, su familia tiene dos camas para tres personas

La familia de Hanan ha pasado de tener una vivienda con un dormitorio propio para su hijo de 15 años con un grado de discapacidad del 69% a compartir una única habitación en una pensión después del desahucio de su domicilio. En el alojamiento proporcionado como solución temporal hay dos camas pequeñas para tres personas, a las que se suma un colchón en el suelo en donde la madre está durmiendo. La vecina de Ceuta reclama a las autoridades competentes, a través de un escrito al que ha tenido acceso El Pueblo, una alternativa habitacional que tenga en cuenta las circunstancias de sus dos hijos menores, también para su niña de 13 años.

La familia se encuentra en la situación que describe Hanan en el documento dirigido a la Presidencia de la Ciudad, la Consejería de Servicios Sociales y la unidad de atención a familias vulnerables desde el pasado lunes 28 de septiembre, un día antes del lanzamiento de la vivienda en la que residía la semana pasada en la calle Córdoba. Las autoridades le proporcionaron la referida habitación en la pensión, y la familia abandonó la casa voluntariamente un día antes del desahucio para evitar la exposición pública propia de estos sucesos.

Tanto legalmente como mediáticamente a través de este diario, esta vecina había solicitado previamente una respuesta que evitara que los menores quedaran sin un alojamiento adecuado. Ahora, tras el desahucio, la madre sostiene que la solución ofrecida no responde a sus necesidades y pide una “valoración social individualizada y urgente”.

Hanan sostiene que la habitación no permite garantizar unas condiciones adecuadas de descanso, intimidad, higiene y convivencia familiar. En el documento explica que se trata de una familia numerosa en situación de vulnerabilidad económica y social, con dos menores y una persona con discapacidad que, según la documentación aportada, tiene reconocido un grado del 69% y la condición de pensionista.

Como consecuencia de dormir en un colchón en el suelo, la madre ha visitado un centro de salud y cuenta con un diagnóstico de faringitis aguda. El informe médico, consultado por este diario, refleja que el motivo alegado es “por dormir en el suelo”. La mujer también alega que su hija mayor de edad, que vive en Córdoba porque está estudiando en la Universidad, no puede visitarlos por la falta de espacio; así como que su hijo está padeciendo “ansiedad y frustración por la situación”.

Este mismo jueves 1 de octubre y tras la aprobación el martes de los dos reales decretos en materia de vivienda, una vecina de Barcelona llamada Macarena ha visto suspendido su desahucio como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa. La aprobación ha estado precipitada por el mediático desalojo de Mari Carmen Abascal en Madrid la semana anterior y la movilización social generada tras el mismo, pero no sirvió para que ambos decretos fueran refrendados el viernes por la mayoría de los diputados del Congreso.

Dos camas y un tercer colchón en el suelo

El escrito describe con detalle las condiciones del alojamiento. La familia dispone de una única habitación y, hasta el momento de publicación de esta noticia, de dos camas pequeñas. Hanan señala que, además, las dimensiones de estas no son suficientes para garantizar unas condiciones normales de descanso.

La familia denuncia además que la habitación carece de espacio suficiente para desarrollar una vida familiar normal y que el cuarto de baño no dispone de una puerta que garantice la intimidad.

En las últimas páginas del escrito, Hanan concreta otras deficiencias que considera especialmente relevantes: la habitación carece de nevera para conservar tanto alimentos como los medicamentos que tiene que tomar el menor, no tiene armario para guardar la ropa y el ventilador se encuentra roto.

En cuanto a la ausencia de intimidad en el baño, el documento señala que este espacio concreto no tiene puerta, lo que “obliga a hacer necesidades biológicas en presencia de la familia o ducharse sin intimidad”. Por todo ello, Hanan califica la habitación de “impropia para una familia vulnerable”.

La familia solicita que estos extremos sean comprobados mediante una inspección en la que se analicen las dimensiones de la habitación, el número de personas alojadas, las condiciones de las camas, la ventilación y la iluminación, las condiciones higiénico-sanitarias del baño, la existencia de un sistema que garantice la privacidad y las posibilidades reales de descanso.

También reclama que en la nueva valoración se tengan en cuenta la existencia de dos menores, la discapacidad del 69%, la situación económica, las necesidades derivadas de esa discapacidad, las condiciones reales de la habitación y las consecuencias que la permanencia en ella pueda provocar en los hijos.

El menor con discapacidad tenía una habitación propia

La preocupación de Hanan está especialmente vinculada a las necesidades de su hijo con discapacidad. Antes del desahucio, el adolescente disponía de una habitación propia. Según explicó la madre a El Pueblo de Ceuta antes de abandonar la vivienda, el joven necesita medicación, seguimiento médico y supervisión constante, así como tiene dificultades para desenvolverse de manera independiente.

La pérdida de ese espacio propio es uno de los argumentos centrales de la reclamación presentada ante la Ciudad. El escrito sostiene que el menor necesita un lugar exclusivo en el que pueda descansar y mantener unas condiciones de estabilidad adecuadas. Hanan afirma que es una persona muy dependiente de su madre y que cualquier situación de estrés puede alterar su comportamiento.

La madre ya había expresado a El Pueblo su temor a que el traslado a un espacio reducido pudiera afectar al adolescente. La familia había pasado anteriormente, en 2021, alrededor de ocho meses en una pensión y, según relató Hanan, los ruidos y golpes procedentes de otras habitaciones provocaban sufrimiento al menor por las enfermedades mentales que padece. Ahora, tras el desahucio, se encuentra de nuevo en un alojamiento de estas características.

El escrito insiste en que “no resulta jurídicamente suficiente afirmar que se ha proporcionado una habitación” si, dadas las circunstancias concretas de la familia, ese espacio no constituye una solución habitacional adecuada. La reclamación pide que se valore no solo la existencia formal de un techo, sino si las condiciones permiten garantizar la salud, la intimidad, el descanso y la estabilidad de los menores.

Hanan pide una vivienda, no solo un alojamiento provisional

La madre deja claro en su escrito que no cuestiona que la Administración utilice recursos provisionales cuando se produce una emergencia habitacional. Lo que cuestiona es que esa respuesta temporal termine convirtiéndose en la única solución para una familia con necesidades específicas.

La reclamación sostiene que “una solución provisional pueda convertirse de hecho en la única respuesta administrativa” sin una valoración individualizada y sin una alternativa compatible con las circunstancias familiares. Por ello, solicita que se estudien todas las opciones disponibles y que, si se confirma que la habitación no es adecuada, se proceda al traslado de la familia.

Entre las alternativas que plantea figuran una vivienda social, un alojamiento residencial familiar adecuado, un alquiler social, una prestación destinada al pago del alquiler o una vivienda de emergencia. Hanan pide que la solución sea compatible con sus ingresos y sostiene que puede asumir un alquiler asequible, pero no las cantidades que actualmente exige el mercado.

En concreto, reclama que la aportación de la familia al alquiler no supere el 30% de sus ingresos. En el escrito recuerda además que figura como demandante de vivienda en Emvicesa desde hace aproximadamente 16 años y cuestiona que, pese a ese tiempo, la respuesta tras el desahucio haya terminado siendo una habitación de pensión.

Una familia con recursos económicos limitados

La situación económica constituye otro de los elementos incluidos en la reclamación. Hanan explica que la familia percibe el Ingreso Mínimo Vital y que no recibe las cantidades correspondientes a la manutención de los menores por parte del padre; una circunstancia ya denunciada y que se está tramitando por la vía penal.

La madre también sostiene que su dedicación al hijo con discapacidad es prácticamente completa, especialmente durante los periodos en los que no hay actividad escolar. Esa atención, según explica, limita sus posibilidades de trabajar y hace necesaria una solución habitacional que permita mantener la unidad familiar y atender las necesidades del menor.

En la entrevista concedida anteriormente a este diario, Hanan explicó que, con sus ingresos, también debe hacer frente a los gastos relacionados con su hija mayor, que estudia en Córdoba un doble grado universitario y viene a visitar a la familia habitualmente. La situación económica se suma así a las dificultades derivadas del desahucio y de las necesidades específicas del adolescente.

El escrito presentado ante la Ciudad califica la situación de la unidad familiar como de “especial y extrema vulnerabilidad” y reclama que esa condición sea tenida en cuenta a la hora de determinar el recurso habitacional que se le proporciona.

Pide una nueva valoración

El documento reclama la elaboración de un informe social por escrito en el que se detallen la vulnerabilidad reconocida, la composición de la unidad familiar, la valoración de los menores, el recurso habitacional asignado, las alternativas estudiadas, las ayudas disponibles y las actuaciones previstas para alcanzar una solución estable.

Hanan pide además que, si procede, se comunique al juzgado que intervino en el procedimiento de desahucio la situación actual de la familia y las circunstancias relativas a los menores y al hijo con discapacidad. También solicita que se investigue la actuación de los responsables del servicio que acordaron o ejecutaron la solución habitacional y que, si se detectan irregularidades, se adopten las medidas correctoras correspondientes.

En el escrito, la madre resume su petición con una idea: “La solución es una vivienda digna, con un alquiler social asequible que no supere el 30% de los ingresos”.