Ceuta y Cádiz concentran más del 13% de pruebas de determinación de edad para menores en España

Ceuta/ En 2024 se llevaron a cabo en Ceuta y en las áreas fiscales de Cádiz, Jerez de la Frontera y Algeciras 1.039 pruebas de determinación de edad a jóvenes que vienen solos a España y que afirman ser menores, lo que supone el 13,74% de las pruebas totales de estas características —7.562— recogidas por la Fiscalía General del Estado en este periodo en todo el país.

Esta es una de las principales conclusiones relevantes de la memoria anual de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla, un informe publicado el pasado martes 9 de septiembre que detalla la labor del Ministerio Público en la región. Contando todas las provincias andaluzas y ambas ciudades autónomas, en total se incoaron 1.690 expedientes de determinación de edad en el área y 393 aún estaban pendientes a fecha del 31 de diciembre de 2024.

El dato subraya la singularidad de Ceuta y de la costa gaditana como fronteras naturales entre Marruecos y la Unión Europea, pero también pone de manifiesto el trabajo constante del Ministerio Público en materia de extranjería con un enfoque en la protección de las personas vulnerables, como son los jóvenes menores que migran solos.

El procedimiento para determinar la edad combina métodos médicos y no médicos: incluye entrevistas, revisión de documentos y exámenes de desarrollo físico, dental y de radiografías. Con la prueba se busca determinar si el joven en concreto se trata de un menor de 18 años para dotarlo de la protección y de los derechos que le corresponden.

Delincuencia juvenil

En el ámbito penal, la Fiscalía de Área de Ceuta registró 381 diligencias preliminares por delitos cometidos por menores, una cifra que, aunque moderada en comparación con otras provincias más grandes como Sevilla (3.869), evidencia un descenso leve respecto a años anteriores. El informe detalla 28 medidas cautelares adoptadas para menores en Ceuta, priorizando intervenciones educativas y de convivencia familiar para descongestionar el sistema judicial y dar respuestas ágiles en esta materia.

El Ministerio Público vincula parte de estos datos al tráfico de drogas en el Estrecho y a los fenómenos asociados a la delincuencia juvenil. La memoria subraya que el consumo de estupefacientes, el absentismo escolar y el uso indiscriminado de las redes sociales están detrás de muchos de los expedientes tramitados, especialmente los relativos a lesiones, robos violentos y agresiones sexuales.

Otro de los apartados que afectan a Ceuta en materia de menores es el de violencia escolar y acoso juvenil, donde los fiscales insisten en la necesidad de soluciones extrajudiciales rápidas para evitar la cronificación de los conflictos. De la misma manera, alertan de la presencia de delitos cometidos a través de nuevas tecnologías, que van desde la difusión de imágenes íntimas hasta el ciberacoso, un fenómeno en claro crecimiento.

Violencia de género

En materia de violencia de género y violencia doméstica, la memoria destaca la necesidad de reforzar los recursos de protección a las víctimas. Aunque no se ofrecen cifras desglosadas por territorio, el informe recuerda que Ceuta, al igual que Melilla, presenta una alta tasa de órdenes de alejamiento y de medidas cautelares en proporción a su tamaño. En muchos casos, los fiscales recomiendan la suspensión de patria potestad y del régimen de visitas para garantizar la seguridad de los menores expuestos a entornos violentos.

En sus conclusiones, el Ministerio Público reclama más medios materiales y humanos para atender la carga de trabajo que soporta tanto en Andalucía y en Melilla como en Ceuta, una ciudad que, pese a su reducido tamaño, afronta dinámicas delictivas propias de grandes urbes. El informe también insiste en que la presión del narcotráfico y los fenómenos asociados a la marginalidad hacen necesario reforzar tanto la plantilla de fiscales como los equipos técnicos de apoyo en materia de menores y de violencia de género.

Narcotráfico y ‘petaqueo’, las actividades ilícitas que preocupan a la Fiscalía

Más allá de los procedimientos derivados de la situación fronteriza con Marruecos como las pruebas de determinación de edad, a la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla le preocupa el aumento de delitos derivados del narcotráfico, “situaciones de extrema gravedad” especialmente en Cádiz o en Huelva.

El Ministerio Público en la provincia gaditana alerta de que el ‘petaqueo’ (suministro de gasolina en narcolanchas) es una actividad cada vez más “lucrativa” y “aparentemente desprovista de consecuencias penales”. La Fiscalía de Huelva pide castigar el ‘petaqueo’ según el artículo 568 del Código Penal — relativo a la tenencia de sustancias inflamables —, como acordó la Audiencia Provincial de Cádiz este año con el voto favorable de los magistrados de Ceuta.

En Ceuta se abrieron en 2024 tres causas contra policías por narcotráfico: dos menos que en toda Andalucía

Durante 2024, en Ceuta se incoaron tres procedimientos por delitos contra la salud pública contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o contra funcionarios de vigilancia aduanera, solo dos menos que las causas que se abrieron por este ilícito contra miembros policiales en toda Andalucía.

Esta es una de las principales conclusiones de la memoria anual de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla en lo que respecta a la ciudad autónoma, y el dato pone de relevancia la notable exposición a actividades ligadas con el narcotráfico que policías, guardias civiles o funcionarios de aduanas tienen en el territorio.

En concreto, se incoaron en 2024 tres procedimientos de estas características también en Cádiz, uno en Sevilla y otro en Granada.

En 2025 destacó la sentencia de cuatro años, siete meses y 15 días de prisión por narcotráfico y por integración de grupo criminal contra A.L.H., un guardia civil que ejercía en el Puerto de Ceuta. El fallo se encuentra a la espera de recurso, como adelantó en julio este diario.

La memoria de la Fiscalía de Andalucía destaca la imputación de la policía local de Ceuta acusada en el macrojuicio por blanqueo

La Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla destacó en su informe anual de 2024 la imputación de M.M.L., la policía local acusada en el macrojuicio por blanqueo de capitales celebrado en la ciudad, como ejemplo notable de las 38 vistas orales que se dieron el año pasado por este delito en las tres autonomías, al igual que otra en Algaciras (Cádiz) que acabó condenando a un guardia civil con seis años de prisión también por pertenencia a grupo criminal.

Aún a la espera de la sentencia de este procedimiento, que terminó a finales de diciembre de 2024, este diario ha podido saber a través de fuentes judiciales que el fallo no se conocerá hasta dentro de unos meses por la complejidad de la causa, algo que ya adelantó El Pueblo de Ceuta en marzo y que ahora ha podido corroborar.

La complejidad no corresponde solo al estudio de un juicio que duró aproximadamente dos meses con testificales de más de 50 personas, sino también a los más de 1.000 acontecimientos —algunos con 700 folios— con documentación fiscal y policial, notas simples o documentación bancaria que aún están siendo revisados en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz.

“Como el ‘caso Emvicesa’ no, pero parecido”, comparó otra fuente en marzo, haciendo referencia al anterior macrojuicio y cuya sentencia no llegó hasta casi un año después del final de la vista. Este fallo se plasmó en un documento de cerca de 900 páginas.

Las más de 10 sesiones del macrojucio por blanqueo derivado del narcotráfico comenzaron el martes 1 de octubre de 2024 y terminaron el lunes 2 de diciembre del mismo año, cuando quedó el proceso visto para sentencia.

En esta vista oral se sentaron en el banquillo, además de M.M.L., otras 11 personas, acusadas de un delito de blanqueo de capitales y de otro de pertenencia a organización criminal. La Fiscalía solicitó para las más implicadas en los hechos más de diez años de prisión sumando ambos cargos, si bien en la última sesión el Ministerio Público no se opuso a la suspensión de la pena privativa de libertad para aquellas que obtuvieran una condena inferior a los dos años de cárcel.

Además de las 12 personas acusadas, fueron encausados otros dos varones hermanos fugados de la justicia desde la explotación de la investigación en 2019: A.D.P. y F.J.P., siendo este último el exmarido de M.M.L y presunto cabecilla de la trama.

Esta macrocausa es la mayor juzgada en la historia de los tribunales de Ceuta por estos delitos, y nació a partir de las diligencias previas de otro operativo policial llevado a cabo en su fase de instrucción por el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil.

Si bien finalmente los agentes no pudieron incautar droga al grupo, la Fiscalía sostuvo que la supuesta organización criminal se dedicaba a suministrar víveres como gasolina, comida y agua a embarcaciones de otros narcotraficantes en el Estrecho, unas actividades comúnmente conocidas como “petaqueo”.

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