Concluye la vista de apelación de la sentencia contra el asesinato de Mari Ángeles

Ceuta/ La vista de apelación de la sentencia contra el asesinato de María de los Ángeles Lozano, celebrada en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada, ha concluido pasadas las 13.00 de la tarde de este miércoles, según las fuentes oficiales consultadas por este diario. Este trámite jurídico deja el procedimiento un paso más cerca de la ratificación de la condena de 35 años y medio de prisión impuesta al policía local responsable del ‘crimen de Parques de Ceuta’ y marido de la víctima, Alonso G. La resolución del tribunal se conocerá en un plazo aproximado de poco más de diez días según la misma información facilitada por el TSJA, sin perjuicio de que contra el fallo que se dicte quepa aún recurso ante el Tribunal Supremo.

La vista, celebrada este 14 de enero, abordó los recursos presentados tanto por la defensa del condenado como por la Ciudad Autónoma contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2025 por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta. Aquel fallo, avalado por un jurado popular, consideró probado que el acusado mató a su esposa el 14 de marzo de 2022 con alevosía, en un contexto de violencia de género, en el domicilio familiar y en presencia de la hija menor de edad del matrimonio.

La condena incluye, además del delito de asesinato, otros ilícitos penales como maltrato habitual en el ámbito familiar, lesiones y un delito contra la integridad moral, con la concurrencia de la agravante de parentesco y la atenuante analógica de enfermedad mental. El jurado descartó que las patologías psiquiátricas del acusado anularan sus capacidades volitivas e intelectivas en el momento de los hechos.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, en su recurso, la Ciudad sostiene que habría puesto “todos los medios a su alcance” para impedir el crimen, al tiempo que argumenta que el agente ocultó en su ámbito profesional los problemas de salud mental que fueron considerados probados en el juicio. La administración local pretende así evitar el pago de la indemnización fijada en la sentencia al considerar que no se le puede exigir conocimiento de circunstancias que no le fueron comunicadas.

Por su parte, la defensa del agente impugna los hechos declarados probados y la valoración de la prueba realizada por el jurado, especialmente en lo relativo a la autoría del crimen y a las enfermedades mentales del acusado. Entre los principales argumentos del recurso figuran los informes periciales de parte, que llegaron a apuntar a la hija del matrimonio como responsable del asesinato, una tesis que el jurado descartó de forma expresa.

Ninguno de los recursos presentados cuestiona la cuantía de la responsabilidad civil, que asciende a 875.000 euros y que deberán pagar ambas partes condenadas a la familia de la víctima de manera subsidiaria.