Marién Ortega: "La justicia necesita modernizarse, pero hay que hacerlo con método y con planificación"

La magistrada de la Sección de lo Contencioso-Administritativo del Tribunal de Instancia de Sevilla y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Victoria, Marién Ortega, parecía nerviosa al comienzo de su entrevista con El Pueblo y ante su perspectiva de coger un helicóptero por primera vez para visitar Ceuta. No obstante, la conversación la remató combativa y decidida con las reivindicaciones del sindicato con el que da voz a casi 1.000 jueces de España.

Ortega denuncia la sobrecarga en los juzgados y defiende una reforma de elegir vocales para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que “todas las sensibilidades estén representadas”. Acude a la ciudad para participar hoy en las XV Jornadas Jurídicas hablando sobre la reciente y ‘acelerada’ implantación de los tribunales de instancia.

Pregunta. Buenos días, doña Marién. No sé si es la primera vez que visita Ceuta, ¿cómo afronta el viaje y qué opina de las Jornadas Jurídicas de la ciudad?

Respuesta. La verdad es que es la primera vez que voy a Ceuta, porque no tengo el gusto de conocerla y, francamente, me ha hace mucha ilusión. Y además, poder visitarla como portavoz nacional de la Asociación Francisco de Victoria, pues me hace especial ilusión. En cuanto al viaje, ¿cómo lo afronto? Si te digo la verdad, es la primera vez que me voy a subir a un helicóptero, o sea que… [risas]. Bueno, tengo ahí mis reparos, pero iremos porque merece la pena. Y las jornadas me parecen muy interesantes, me parecen muy oportunas y… bueno, de ahí el motivo de que nos haga especial ilusión poder participar y estar allí presentes también.

P. Su ponencia está titulada ‘Tribunales de Instancia. Organización y oficina judicial: qué cambia y qué exige’. ¿Cómo afronta el contenido de la charla? ¿Cómo la ha preparado?

R. En principio, la charla es una presentación de una serie de diapositivas que iré exponiendo. La finalidad es tener un poco una idea de lo que es el Tribunal de Instancia y, sobre todo, lo que me interesa a mí son los efectos y las cuestiones prácticas, cómo puede funcionar ese tribunal de instancia. Para eso, aparte de la Ley de Eficiencia, que evidentemente es donde se regulan los tribunales de instancia, contamos con dos instrucciones del Consejo General del Poder Judicial, la 1/2000 y la 2/2025, que son las que nos dan un poco esas pautas que faltaban en la ley. Entonces, es intentar explicar un poco qué es lo que cambia, dónde está el cambio principal y las pautas que nos dan estas instrucciones para el funcionamiento.

R. Una cosa que yo creo que tenemos claro, y desde Francisco de Victoria siempre lo hemos dicho, que es evidente que la justicia necesita modernizarse, y creo que estamos de acuerdo que la modernización pasa por los tribunales de instancia, pero esa modernización y esa reestructuración hay que hacerla con método, hay que hacerla con planificación, porque si no vienen los problemas. Y esa es la principal crítica que estamos haciendo. Para nosotros la pregunta es si ese nuevo modelo de verdad está llegando con la preparación organizativa, tanto tecnológica como humana, que es imprescindible para que esa promesa de reforma no se quede meramente en un relato. Esa es la idea central.

P. Entiendo que el Ministerio de Justicia buscaba con esta transición agilizar los procedimientos, o centrarse en la especialización de determinados puestos para darle más calidad o más agilidad al sistema. Existen voces en su gremio que son muy críticas, y también muchas que dicen que esto sí que puede llegar así, al menos, a largo plazo. ¿Usted cree que se conseguirá?

R. Claro, esto es una reforma de tal calado que necesita su periodo de adaptación y, evidentemente, necesitará ajustes. Precisamente, una de las funciones principales de las juntas de jueces que se pueden hacer es detectar esas disfunciones. ¿Por qué? Para poder corregirlas.

R. Pero, evidentemente, una reforma de este calado tiene que ser a medio o a largo plazo porque va a necesitar su periodo de adaptación. De ahí que sea tan importante la planificación, y de ahí que sea tan importante que haya esa comunicación para que, si se detectan disfunciones, se pueda trabajar sobre ellas y se puedan solucionar.

P. De hecho, ustedes pidieron una moratoria para la implementación.

R. Sí, Francisco de Victoria pidió una moratoria, exacto. Para eso, con la misma idea, para que se haga con planificación, porque contábamos con la ventaja de que con los tribunales de instancia la implantación ha sido en tres fases. La primera fase fue en julio, una segunda fase en octubre, y en diciembre era donde tenía que entrar en las capitales y en las grandes urbes. Entonces, el porqué de la moratoria era muy sencillo: vamos a analizar en qué sitios ha funcionado mejor y vamos a analizar por qué ha funcionado mejor, para poder luego llevar esa planificación y esa implantación a las grandes ciudades. Esa era la idea que teníamos nosotros, que se pudiera estudiar dónde había funcionado mejor.

R. Hay que tener en cuenta una cosa, que en los tribunales de instancia la organización depende de cada sitio. O sea, es que en cada sitio el tribunal de instancia se va a organizar de una manera. Y de ahí era la idea de pedir una moratoria para analizar lo que ya se había implementado. Ver dónde había funcionado, dónde no había funcionado; donde había funcionado, por qué lo había hecho, y ver si esas soluciones que se habían dado ahí se podían trasladar a esos sitios donde a lo mejor no había funcionado tan bien.

P. Su preocupación iba más dirigida a las grandes ciudades, pero aquí, en ciudades pequeñas como Ceuta, también ha causado un gran malestar entre los operadores jurídicos, algo reconocido incluso en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que salió la semana pasada. ¿Podría explicar un poco a la población las diferencias entre las grandes y las pequeñas ciudades y cómo afecta?

R. En principio, cuando nosotros tenemos una población pequeña en la que la planta judicial es más reducida, el volumen de asuntos también es menor. Incluso, a lo mejor, por tema de competencias, la complejidad de los asuntos. Entonces, si ya vemos con las poblaciones pequeñas que estas disfunciones se están produciendo, en una gran ciudad eso se va a incrementar exponencialmente. Eso es de cajón. Esa era la preocupación en las grandes ciudades. Por el volumen de asuntos, por la complejidad de los asuntos, pues podemos tener un problema importante. En una cosa tan simple como, a lo mejor, el traslado de expedientes de una sede a otra. Si se cambian las sedes, pues claro, la problemática es mucho mayor en las grandes ciudades.

P. Y como portavoz de jueces, ¿diría usted que afecta principalmente más a los magistrados o especialmente a otro tipo de profesionales?

R. Yo creo que el impacto de la reforma no está tanto en la función jurisdiccional, sino más en la oficina judicial. Ahí es donde está el impacto real, en la oficina judicial. Y afecta a todos los operadores jurídicos, porque afecta de un modo muy importante a los funcionarios, afecta también a los profesionales, a los abogados... Sí.

R. Pero, al final, en quien va a repercutir esta reforma es en el ciudadano. Cuando una reforma estructural de semejante calado se implanta sin método, no nos encontramos con un problema jurídico, es un problema operativo, y quien lo va a pagar es el ciudadano. ¿Cómo? En tiempo, en incertidumbre, en un peor servicio… Ese es el problema.

R. Al final, si por problemas organizativos nos encontramos que tenemos suspensiones de juicios, ¿quién está sufriendo eso? El ciudadano, que lo mismo llevaba ‘X’ meses con su juicio señalado y de repente se suspende porque a lo mejor no se ha proveído un escrito que se tenía que haber proveído donde se pedía una testifical… Llega el día del juicio y eso no se ha hecho. ¿Por qué? Porque en el ínterin y en el traslado de expediente, a lo mejor ese expediente ha pasado de un funcionario que lo llevaba a otro funcionario que no lo conoce. Y entonces no se ha proveído. Llega el día del juicio y se tiene que suspender. ¿Quién lo paga? Al final, lo sufre el ciudadano.

P. Entiendo que además de como interlocutora, lo dice usted por experiencia personal. Como magistrada de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla, ¿cómo les está afectando personalmente y profesionalmente a los juzgados de Sevilla?

R. En Sevilla se están produciendo diversos problemas por lo que hablábamos antes, porque una reforma de esta entidad necesita un período de adaptación. En Sevilla, realmente, el funcionamiento como tal de Tribunal de Instancia no empezó el 31 de diciembre. El 31 de diciembre entró formalmente, de nombre, como si dijéramos, pero hasta febrero aproximadamente continuamos funcionando exactamente igual que habíamos estado funcionando en septiembre u octubre, por ejemplo. Entonces, en realidad, desde aproximadamente finales de febrero es cuando ha entrado el Tribunal de Instancia.

R. ¿Con qué nos estamos encontrando? Los magistrados nos estamos encontrando por ejemplo con problemas de daciones de cuenta de los funcionarios. No se están haciendo, a lo mejor, esas daciones de cuenta al juez de los datos que necesita del procedimiento de la manera adecuada.

R. Otra cosa muy simple y muy absurda… Nosotros antes como juzgado teníamos un auxilio judicial, ahora de los ocho auxilios judiciales que han quedado en la Sección de lo Contencioso, cada día entra contigo un auxilio distinto. Se ha roto un poco esa vinculación que tú tenías con tu equipo. Entonces, a lo mejor llegas por la mañana y no sabes dónde está el escalillo de juicios, no sabes a qué hora empiezas, tienes que estar preguntando con quién te toca… Disfunciones así sí que se están se están produciendo.

P. Antes de acabar con los tribunales de instancia, ¿quiere decir algo más al respecto?

R. Que yo creo que lo de los tribunales de instancia es una buena oportunidad, pero claro, es una buena oportunidad porque puede reforzar esa especialización, que efectivamente es lo que se buscaba, puede dar más capacidad organizativa para redistribuir esas cargas de trabajo... Pero claro, para que eso funcione se tienen que dar unas condiciones mínimas. Y dos de las condiciones importantes son los medios y la tecnología. El Tribunal de Instancia no funcionará si no tenemos unos sistemas de gestión procesal adecuados, y en muchos sitios eso está fallando.

P. Entre las reivindicaciones de su asociación, la más interesante es que piden ustedes que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por los magistrados, que creo que es una demanda que la mayoría de la ciudadanía apoya en favor de la independencia judicial. ¿Cree que esta reforma se podrá llevar a cabo con este Gobierno o con el que venga, aunque sea de otro color político?

R. Sí, yo creo que ese es el futuro, porque eso es lo que está pidiendo Europa. Es que Europa también está pidiendo eso. Tenemos que tener en cuenta que en el CGPJ hay vocales no judiciales y judiciales, y nosotros lo que estamos pidiendo es que los vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces, porque esa es la manera, conforme a un sistema de elección que se ha proporcionado, de que entren todas las sensibilidades de la carrera judicial.

R. El CGPJ no podemos olvidar que es el órgano de gobierno de todos los jueces, y en él tienen que estar todos los jueces representados; no solo las asociaciones, los no asociados también. Eso es fundamental porque casi la mitad de la carrera judicial no está asociada, pero tiene que tener representación también en el Consejo, así como todas las asociaciones. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros para cambiar esa dinámica que se produce dentro del Consejo, que creo que es evidente y que se traslada a la ciudadanía de que CGPJ funciona por bloques.

R. Ellos mismos se han incluso de autodefinido como “bloque progresista” y “bloque conservador”, y yo creo que es extremadamente perjudicial para esa independencia judicial y para esa percepción que tiene que tener la ciudadanía, que al final se traduce en confianza de la ciudadanía en sus jueces.

R. Lo hemos dicho en todos los foros donde se nos escucha, lo hemos dicho en Europa... Siempre hemos hecho la misma reivindicación. Esta petición no dejaremos de hacerla, y estamos ahí; eso es lo que lo que hacemos siempre.

R. Yo creo que eso lo veremos porque es lo que lo que está pidiendo Europa y es el futuro. No sé cuándo, pero creo que llegará ese momento. No sé si con este Gobierno, que lo veo muy difícil, si con el Gobierno que venga, pero creo que sí que lo veremos, sí.

P. Llegó usted al cargo en noviembre de 2025. ¿Cómo han sido estos primeros meses y cuáles son el resto de ‘caballos de batalla’ que enfrentan ustedes como asociación? La creación de plazas, el volumen de trabajo…

R. Yo creo que estamos viviendo tiempos convulsos, pero no solamente a nivel de la justicia, y yo creo que eso es algo apreciable. Creo que son tiempos intensos y creo que hay que estar ahí en primera línea, porque hay cosas que hay que defender. Nosotros siempre estamos pensando que la justicia es un servicio público para la ciudadanía. Eso nunca lo perdemos de vista, porque al final es quien recibe esa respuesta de los jueces; la mayoría de nuestras resoluciones van dirigidas al ciudadano. Eso es lo que nos preocupa, nos preocupa la justicia como servicio público.

R. Y dentro de esa preocupación de la justicia como servicio público, temas importantes que hay en el horizonte… las cargas de trabajo. Porque los juzgados están absolutamente sobrecargados, están saturados. Esa creación de plazas es necesaria: valoramos la noticia como extremadamente positiva, esa creación de plazas que se ha anunciado por parte del Ministerio de Justicia.

R. Estamos esperando que salga ese real decreto, porque ahora mismo lo único que tenemos es un anuncio de creación de plazas, pero mientras no se publique el decreto con las 500 plazas, simplemente es un anuncio. Entonces, nosotros estamos esperando esa publicación del decreto que efectivamente cree esas plazas.

R. Y con esa creación de plazas, la correlativa convocatoria de oposiciones, porque no te sirve de nada tener las plazas creadas si luego no tienes jueces. Tienen que ser las dos vías: una es la creación de plazas, y luego tenemos que ver cómo se cubren esas plazas. ¿Cómo se cubren? Con una convocatoria de oposiciones y con el cuarto turno también por parte del Consejo General del Poder Judicial, y esa convocatoria de prestaciones que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad. Eso es fundamental.

R. Hay un tema muy importante que está encima de la mesa ahora del Consejo, que es el famoso documento de salud judicial. Este documento está previsto que vaya en el proyecto del Reglamento de la Carrera Judicial, que nos excluye a los jueces de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pues, bueno, ahí vamos a estar muy atentos, porque eso es un tema que nos preocupa, y mucho.

R. Entonces, yo creo que a corto y a medio plazo, esos temas son los que están encima de la mesa y en los que tenemos que estar encima. Porque al final, insisto, todo esto repercute en el ciudadano. No son reivindicaciones corporativas para los jueces, por intereses de los jueces, no. Son reivindicaciones para un mejor servicio de la justicia y un mejor servicio al ciudadano. Eso es lo que tenemos clarísimo siempre.