El TSJA reconoce “una incorrecta planificación” de las infraestructuras judiciales de Ceuta

JUZGADOS

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que “no se ha resuelto correctamente la reunificación de los órganos radicados en la ciudad autónoma” y que la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia no ha sido “del todo lógica y satisfactoria”

Imagen de una de las puertas del Edificio Judicial Banco de España.
Imagen de una de las puertas del Edificio Judicial Banco de España. | E.P.
S.C.
30 abr 2026 - 17:22

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha reconocido en su memoria del año 2025, publicada este jueves, “una incorrecta planificación y definición” de las infraestructuras judiciales de Ceuta, así como que en la ciudad autónoma “no se ha resuelto correctamente la reunificación de sus órganos” tras la reforma de los Tribunales de Instancia en enero de 2026, cuya implantación no ha sido “del todo lógica y satisfactoria” para los operadores jurídicos que trabajan en los juzgados ceutíes.

La memoria anual del TSJA de 2025 constata que la reorganización de las sedes judiciales en Ceuta ha derivado en un modelo fragmentado y poco eficiente, pese a las inversiones realizadas en los últimos años, como la adecuación del edificio del antiguo Banco de España.

Según el documento, la pretendida reunificación de órganos judiciales en un único espacio no se ha materializado. Tras el traslado en 2023 de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Social y de Vigilancia Penitenciaria, junto al Registro Civil, se descartó inicialmente la incorporación de los juzgados de lo Penal y de la Sección VI de la Audiencia Provincial. Sin embargo, la posterior implantación del Tribunal de Instancia ha obligado a nuevos cambios organizativos, con movimientos de magistrados y funcionarios que el propio tribunal califica como “no del todo lógicos ni satisfactorios”.

Estas afirmaciones de la memoria concuerdan con las movilizaciones de los operadores jurídicos en la ciudad autónoma, quienes a mediados de diciembre de 2025 llegaron a exigir la dimisión del secretario de Gobierno de Justicia en Ceuta, tal y como recogió entonces El Pueblo.

El diagnóstico del TSJA sobre Ceuta se enmarca no obstante en una valoración más amplia del despliegue de los tribunales de Instancia en todo el ámbito del organismo, que incluye Andalucía y ambas ciudades autónomas del norte de África. La memoria advierte de que la reforma —llamada a modernizar la organización judicial— está encontrando “importantes dificultades” en su fase inicial.

Entre los problemas detectados figuran retrasos organizativos, una elevada movilidad del personal, altos niveles de interinidad, fallos en los sistemas informáticos y sedes judiciales que no se están adaptando adecuadamente al nuevo modelo.

El documento describe el proceso como un cambio “total y traumático”, con episodios de “desbarajuste” en los primeros momentos de implantación, aunque el TSJA confía en que la situación se estabilice progresivamente.

Más litigios que la media

La memoria también pone el foco en la presión que soporta la justicia en Ceuta. La ciudad registra un índice de litigiosidad de 189 asuntos por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media estatal (153,7) y también superior a la del conjunto de Andalucía (156,5). Esta elevada carga de trabajo tiene reflejo en los tiempos de respuesta judicial.

En la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, solo se resuelve el 66% de los asuntos ingresados, y el tiempo estimado de resolución se sitúa entre cinco y seis meses, por encima de otras sedes andaluzas.

El TSJA insiste en la necesidad de reforzar la plantilla judicial para hacer frente al volumen de asuntos y reducir la pendencia acumulada. En este sentido, confía en que el anuncio del Ministerio de Justicia de crear nuevas plazas judiciales en 2026 permita aliviar la carga de trabajo, especialmente en territorios con mayor litigiosidad como Ceuta.

De la misma manera, subraya la urgencia de completar la transformación tecnológica —con mejoras en el expediente judicial electrónico y en sistemas como LexNET— y de adaptar las infraestructuras físicas al nuevo modelo organizativo.

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