El médico acusado por la muerte de una paciente “nunca” se dio de alta en el Colegio de Ceuta

El médico acusado de un supuesto delito de homicidio por imprudencia profesional grave a raíz de la muerte de una paciente del Hospital Universitario de Ceuta (HUCEO) en 2024 “nunca” estuvo dado de alta en el registro del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE), ni en el momento de los hechos ni anterior ni porteriormente, según ha confirmado la institución de manera formal a este diario.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Pueblo de Ceuta, el facultativo solo obtuvo un contrato de corta duración en el Hospital Universitario, en el que no llegó a trabajar ni un trimestre al completo, y el fallecimiento de la señora de más de 80 años se produjo en agosto del referido año al “poco tiempo” de llegar el doctor a la ciudad y solo unos días después de intervenirla en el serivicio de Urgencias.

Las acusaciones solicitan para el acusado cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica por estos hechos.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) figura en la causa como responsable civil subsidiario al haber contratado al médico, y este organismo también habría debido haberlo dado de alta en el Colegio Oficial de Médicos de la ciudad.

Este jueves estaba señalada la audiencia preliminar del procedimiento en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta, pero las actuaciones judiciales del caso se han retrotraído a la fase de instrucción y próximamente volverá a señalarse la primera vista oral.

Existe un debate jurídico sobre la obligación de colegiarse

De acuerdo con fuentes sanitarias y jurídicas consultadas por este medio, aunque la norma general es la obligatoriedad de estar colegiado al menos en la comunidad autónoma donde se ejerce la medicina durante el mayor tiempo de la jornada laboral habitual, existe un debate legal sobre la vinculación territorial estricta. En ocasiones la administración pública ha eximido de esta obligatoriedad a sus trabajadores, si bien la tendencia de los tribunales ha sido respaldar la colegiación obligatoria en el mismo territorio.

En concreto, el doctor acusado le realizó una cardioversión eléctrica con una carga de 150 julios a la paciente, a quien tuvo que sedar para su aplicación con 100 miligramos de propofol. La mujer murió días después supuestamente por las complicaciones derivadas del procedimiento descrito, y las acusaciones rechazan que esta intervención fuera la indicada dados su peso y su edad.