El profesor del San Agustín deberá entregarse en prisión antes del fin de semana
CASO SAN AGUSTÍN
Condenado a 13 años y medio por tres delitos de pornografía infantil, tendrá que ingresar en la cárcel si quiere evitar una orden de busca y captura
El profesor jubilado del Colegio San Agustín de Ceuta condenado a 13 años y medio de cárcel por tres delitos diferentes de elaboración y de tenencia de pornografía infantil, Alberto D.B., deberá entregarse en prisión de manera voluntaria antes de este fin de semana si quiere evitar una orden de busca y captura en su contra. Así lo han asegurado a El Pueblo diferentes fuentes judiciales implicadas en el caso.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, lo condenó en 2022 a un total de 18 años y medio de cárcel por un delito más de abusos sexuales a un menor de 16 años, pero recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y este órgano rebajó un lustro la pena al no considerar probado este último ilícito.
El siguiente recurso, frente al Tribunal Supremo, confirmó en firme la sentencia de 13 años y medio en julio de este año. La Fiscalía pidió desde el principio su ingreso en prisión como medida cautelar antes de agotar la vía administrativa, pero nunca ha llegado a estar entre rejas.
Se consideró probado que Alberto se aprovechó de su condición de docente desde 2003 para, “en ejecución de un plan preconcebido”, tener acceso a los números de teléfono de menores y lograr, “con ánimo libidinoso”, una relación y trato “que excedía del amistoso y llegaba al ámbito sentimental y sexual”. Se ganaba su confianza por medio de regalos e invitaciones a comer, tras lo que solicitaba que le mandaran al móvil fotografías íntimas: imágenes “con el torso desnudo o en calzoncillos”, “llegando a obtener fotos de menores totalmente desnudos, en las que se les veía la zona genital”; de acuerdo con el escrito de acusación fiscal.
El padre de uno de los alumnos que denunció en 2017 estos actos confesó en julio en este diario que, “más que alegría”, la sentencia les proporcionó “alivio”. “Se ha demostrado que nosotros llevábamos razón, que nuestra denuncia no se sustentaba, como se dijo en grupos de WhatsApp, en envidias o falta de rendimiento académico por parte de mi hijo”, expresó literalmente José María Moro sobre los “señalamientos” recibidos.
