Termina el juicio contra los guineanos acusados de intento de homicidio sin pruebas concluyentes de delito

Ceuta/ La vista contra cuatro residentes en mayo de 2022 del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) originarios de Guinea Conakry y acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia y lesiones ha finalizado este miércoles sin pruebas concluyentes de la autoría de estos ilícitos. Las acusaciones piden 35 años de prisión en total para cada uno de los imputados, si bien las defensas de los mismos han sabido aprovechar las contradicciones en las versiones de los denunciantes para solicitar las absoluciones de sus clientes. El juicio en la Audiencia Provincial en Ceuta ha acabado finalmente visto para sentencia tras la testifical de solo una de las cuatro víctimas de la reyerta en las instalaciones del Jaral el 1 de junio de 2022, si bien este 5 de noviembre ha podido escucharse otra declaración grabada de uno de los sudaneses que fueron agredidos el día de autos.

Los acusados de haber dado una paliza con cuchillos y palos a otros cuatro exresidentes del CETI a primeros de junio de 2022 accedían poco después de las 10.00 de la mañana al interior de la sala de vistas de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta. A pesar de que este miércoles la jornada comenzaba mucho antes que la del día anterior, la mañana se haría larga e insulsa por la calidad de las dos pruebas testificales que quedaban por practicar: la primera era la declaración de una de las víctimas de esa “multitudinaria reyerta” que terminó con dos heridos de gravedad de nacionalidad sudanesa, y la segunda por el testimonio del único vigilante de seguridad del CETI que ha sido llamado a comparecer en la sede del máximo tribunal ceutí.

La primera prueba fue realizada por videoconferencia, superó la hora y media de duración y estuvo ampliamente condicionada por la dificultad en la traducción del denunciante, quien lejos de confirmar datos que el martes se aportaron en sede judicial, arrojó aún más dudas en numerosos sobre los hechos enjuiciados.

La segunda testifical, la del vigilante de seguridad, aclaró más detalles del día de autos. Elementos clave para las partes como si los acusados se encontraban dentro o fuera del CETI en el momento de la agresión en cuestión —sobre las 22.00 de ese 1 de junio de 2022— quedaban aún más en el aire cuando el encargado de supervisar la puerta de las instalaciones declaraba que aquella noche se tomaron “medidas extraordinarias” por la gravedad de los tumultos, uno de los peores que el vigilante presenció a lo largo de sus 15 años de servicio en el centro. El hombre refirió que, fruto de la sobreocupación del CETI en aquellas fechas —que albergaba más de 800 personas— y de las reyertas que se originaron dentro y fuera del edificio, resultó “imposible controlar los accesos”, lo que ha derivado en que muchos de los que estaban en el exterior entraran sin ser registrados y viceversa.

De la misma manera, el vigilante aclaró, en contraposición con lo escuchado en sede judicial el martes, que él no fue el encargado de realizar las identificaciones de las cuatro personas que finalmente fueron detenidas, sino que esta tarea fue de la policía a partir del reconocimiento fotográfico de uno de los denunciantes, el varón originario de Chad cuya declaración se reprodujo el pasado 4 de noviembre en sede judicial. El interés en el juicio aumentaría, por tanto, a continuación, con la declaración grabada de una tercera víctima, las testificales de los cuatro acusados, las conclusiones de las partes y el ejercicio a la última palabra de los guineanos.

El único denunciante que pudo declarar en la vista contradijo su versión y la del resto de víctimas

El único denunciante de la brutal agresión que las acusaciones atribuyen al grupo de guineanos declaró en una larga videoconferencia en la que contradijo su versión en comisaría, en fase de instrucción y en la propia testifical practicada este miércoles.

Primero dijo que la agresión la recibió yendo del CETI a la playa, pero luego rectificó este recorrido a la inversa. También declaró que primero fue agredido por cuatro personas, luego por dos y finalmente por 10, todas encapuchadas aunque algunas las llegó a identificar. El momento de mayor duda fue cuando los acusados fueron desfilando uno por uno ante la cámara para que los reconociese. Al primero le atribuyó la agresión que sufrió con un cuchillo en su cabeza, si bien luego rectificó y acabó diciendo que este primer varón ni siquiera participó en los hechos ni lo había visto nunca.

Por el contrario, la grabación en instrucción de la tercera víctima respaldó la versión de que el ataque lo sufrieron mientras venían de la mezquita y no de la playa, pero dijo que fueron cuatro los asaltantes y no reconoció a ninguno de los acusados. Las defensas se opusieron a que se reprodujera la declaración en comisaría de la cuarta víctima alegando que no pudo ser sometida a contradicción durante la fase de instrucción, una solicitud que el tribunal acabó concediéndoles pese a la oposición de las acusaciones.

“He pasado dos años en la cárcel por algo que no he hecho, quiero que se haga justicia”

Los cuatro acusados solo contestaron a las preguntas de las defensas en su interrogatorio, y todos se situaron dentro del CETI en el momento de los hechos delictivos a pesar de estos haber transcurrido fuera. Uno de los implicados refirió incluso haber sido atacado por una banda de asaltantes compatible a la descrita por las víctimas, y ninguno llevaba mucho tiempo en el centro ni reconoció haber tenido problemas anteriores con los sudaneses.

No obstante, fue al final del juicio, en el ejercicio a su última palabra, cuando se mostraron más convincentes ante el tribunal. “He pasado dos años en la cárcel por algo que no he hecho, quiero que se haga justicia”, ha dicho uno, en referencia a su paso por prisión provisional. “Vinimos a España para buscar una vida mejor, no para tener problemas”, ha finalizado otro. Todos son solicitantes de asilo y tienen trabajo; dos viven en Sevilla y dos en Ceuta.

La Fiscalía reconoce “problemas” en los cargos contra los guineanos

Las conclusiones de la Fiscalía en su informe final fueron tildadas de “escuetas” por parte de las defensas, y estuvieron principalmente basadas en las lesiones de riesgo vital que sufrieron dos de las cuatro víctimas del ataque con objetos contundentes y armas blancas. A juicio del Ministerio Público, el hecho de que la representación letrada de los acusados no impugnara los informes forenses sobre las lesiones denunciadas le da la razón a su tesis de que los cuatro guineanos cometieron el asalto de común acuerdo, al igual que ellos mismos se negaran a contestar a sus preguntas.

No obstante, la fiscal ha reconocido en varias ocasiones “problemas” en las traducciones de los implicados y en la identificación plena de los asaltantes, así como ha atribuido a la lejanía de los hechos y a los golpes en la cabeza que recibieron varias víctimas las “diferentes interpretaciones” que han podido verse en el juicio. La acusación particular se ha adherido a las peticiones del Ministerio Público y solo ha querido resaltar el “especial ensañamiento” con el que agredieron a su cliente, el único que ha sido localizado para declarar.

Las defensas, constituidas por los letrados Javier Izquierdo y Patricia Fernández Vicens, pidieron la absolución de sus clientes dejando entrever las numerosas contradicciones en las versiones de los denunciantes (número e identidades de los asaltantes, etc.) y esgrimiendo las cohartadas en las ubicaciones de sus defendidos o las dudas en la tesis de la Fiscalía.

Para ambos abogados, la acusación se sostiene en una rueda de reconocimiento fotográfico errónea, basada simplemente en exhibir fotografías de guineanos de entre 18 y 25 años residentes en el CETI que acabó eligiendo el usuario originario de Chad.

Suspensión o expulsión

La Fiscalía ha expresado que no cabe la suspensión de la condena por el número de años a los que se exponen en la cárcel (35), si bien sí que podrían ser expulsados a su país de origen por un periodo de 10 años en sustitución de la pena privativa de libertad.

Las defensas se han opuesto a este último extremo porque llevan tres años y medio en España, tienen permiso de trabajo y son solicitantes de asilo, por lo que podrán alegar fácilmente un arraigo para evitar su expulsión llegado el caso.

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