AUGC pide la dimisión de la directora general de la Guardia Civil y la destitución del DAO

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la destitución del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, después de conocerse que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene previsto citarles como investigados en la causa que instruye sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez.

En un comunicado, la asociación destaca que la solicitud de imputación no solo ha sido planteada por las acusaciones populares, sino también por la Fiscalía Anticorrupción. Para AUGC, este hecho reviste una especial gravedad, ya que considera que "cuando el Ministerio Fiscal entiende que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna".

Según expone la organización, la investigación judicial analiza, entre otros aspectos, las reuniones mantenidas entre Mercedes González y Leire Díez, una de las cuales habría abordado la rehabilitación de un comandante investigado en el denominado caso Koldo. Asimismo, la causa examina las supuestas instrucciones trasladadas a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) para que mantuvieran un perfil bajo y evitaran una actitud proactiva en investigaciones con repercusión política. AUGC recuerda que ya denunció estas presuntas maniobras contra la UCO en junio de 2025, acudiendo a los tribunales. "Un año después, la instrucción judicial alcanza a quienes dirigen el Cuerpo", sostiene la asociación.

El colectivo considera que la permanencia de ambos responsables al frente de la Guardia Civil resulta "incompatible con el ejercicio del mando" al estar siendo investigados por supuestas interferencias en el trabajo de sus propios agentes. Además, afirma que esta situación "daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes".

AUGC considera que la directora general y el director adjunto operativo son responsables del deterioro de la imagen de la Guardia Civil. La organización asegura que, si el Ministerio del Interior no adopta medidas, valorará la adopción de acciones legales.