La Ciudad estudia denunciar a la entidad que destapó el supuesto abuso de drogas entre los menores

La Ciudad Autónoma estudia emprender acciones legales contra la organización No Name Kitchen (NNK) tras la publicación del informe Sobrevivir al limbo: una investigación sobre (ab)uso de sustancias y conductas autolesivas en menores no acompañados en Ceuta, el mismo estudio que el pasado 23 de junio fue publicado en El Pueblo de Ceuta bajo el titular "Un estudio refleja que un tercio de los menores extranjeros en Ceuta abusa de las drogas".

La decisión fue comunicada este lunes durante el Consejo de Gobierno por el consejero y supone trasladar toda la documentación a la Asesoría Jurídica de la Ciudad para que determine si procede el ejercicio de acciones judiciales contra la entidad.

El informe de NNK analiza la situación de los menores extranjeros no acompañados acogidos en Ceuta y recoge conclusiones sobre el consumo de sustancias estupefacientes, las conductas autolesivas y el funcionamiento del sistema de protección de menores. Su difusión generó un amplio debate al sostener que alrededor de un tercio de estos jóvenes presentaría un consumo problemático de drogas.

Frente a esas conclusiones, el Área de Menores ha elaborado un informe técnico en el que cuestiona la metodología empleada por la organización. Según el Ejecutivo local, el estudio carece de una muestra claramente determinada y basa sus conclusiones en observaciones subjetivas y testimonios que, a su juicio, no han sido suficientemente contrastados ni cuentan con indicadores que permitan extraer conclusiones científicas generalizables.

Además, la Ciudad considera que algunas de las afirmaciones contenidas en el documento atribuyen de forma genérica conductas presuntamente delictivas o negligentes a profesionales, entidades colaboradoras e instituciones públicas sin aportar pruebas que las sustenten.

En este sentido, el informe elaborado por el Área de Menores sostiene que estas manifestaciones podrían afectar tanto al prestigio de los profesionales que trabajan en la red de protección como al correcto funcionamiento del sistema público de acogida.

El documento elaborado por la Administración también pone en valor el trabajo desarrollado por los equipos técnicos y las entidades colaboradoras que gestionan los recursos de protección, recordando que los centros están sometidos a la supervisión administrativa y de la Fiscalía de Menores. Asimismo, subraya el esfuerzo realizado por la Ciudad para atender una presión migratoria que califica de extraordinaria y muy superior a la capacidad ordinaria del sistema.