El juzgado que lucha en Ceuta contra la violencia de género, “saturado”

Ceuta/ De no ser por la “profesionalidad y la buena disposición” de todos los profesionales que lo conforman, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ceuta no se sostendría. Así lo cree su titular, la magistrada Sara López, quien denuncia que su equipo tenga que hacer encaje de bolillos para sacar adelante el trabajo pese a la falta de “medios humanos y materiales”. Ello en un juzgado mixto -que resuelve asuntos de diversas materias, desde drogas hasta menores- con competencias en violencia de género, a la cual desde el 3 de octubre el Gobierno ha adjudicado en toda España la asunción de todos los delitos contra la libertad sexual. Es decir, todos los delitos sexuales de los que sean víctimas las mujeres, sean o no cometidos por sus parejas o exparejas. En Ceuta, advierte la jueza, la situación se agrava, al estar a la cabeza de los territorios donde se cometen más delitos sexuales. Consecuencia: un juzgado “saturado”.

La jueza López hizo un hueco a El Pueblo de Ceuta en su apretada agenda para reivindicar más recursos para el juzgado que lucha en la ciudad contra la violencia de género aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). No es la primera vez que la magistrada nacida en Cádiz da la cara para exponer un “colapso” del que su colectivo profesional lleva todo el año haciéndose eco. López formó parte del centenar de jueces españoles destinados en tribunales de Violencia sobre la Mujer que firmaron dos comunicados en los que advertían de las “consecuencias nefastas” que acarrearía la ampliación de competencias para unos órganos que ya sufrían una realidad “precaria”. El primer documento, publicado en marzo, fue rubricado por 135 magistrados; el segundo, en junio, por 91.

Sara López quiere que el juzgado de violencia de género sea “exclusivo”, y no mixto, como actualmente sucede, compartiendo así competencias civiles generales y penales, y teniendo que asumir, por tanto, todo tipo de delitos. “Estamos bastante saturados teniendo que llevar causas muy complejas como de drogas y, a la vez, la violencia todos los días”, lamenta la jueza. Reconoce que la situación se vio aliviada gracias a la llegada de una jueza de refuerzo y a los tres fiscales con los que cuentan, pero no es suficiente, debido ya no solo a la cantidad, sino a la “complejidad de esos casos”.

Actualmente, el Juzgado número cuatro cuenta con seis funcionarios que se van rotando para permanecer de guardia una semana cada uno. Sin embargo, no tienen “una retribución especial por ello”. Es esta otra de las grandes reivindicaciones de la jueza. “En algunos juzgados exclusivos cobran una cantidad de dinero por el servicio de guardia, pero aquí no. Estos funcionarios no saben a qué hora van a salir la semana que les toca. Si a las tres o a las cinco. Pero no lo cobran, es gratis”, ha explicado. Según López, esta situación acaba provocando que “nadie quiera estar en un juzgado de violencia, a no ser que tenga mucha vocación”. Y al final se incorporan a tales equipos funcionarios con menos experiencia, que, una vez formados con los años, terminan por marcharse a otras salas donde sí pueden “conciliar”.

“En el mixto con violencia la carga de trabajo es mucho más alta que en el reto de mixtos, y lo único que nos han asignado es unos puestos de refuerzo”, continúa la magistrada, quien también aspira a que los doten de recursos materiales. Por ejemplo, una sala. “Ahora tenemos que pedirla y esperar a que se quede libre una, porque necesitamos la sala todos los días”, aclara. Hasta la psicóloga, asegura, está “desbordada”.

Los Tribunales de Instancia

La titular del nº 4 de Ceuta también ha alertado de la incertidumbre organizativa que traerá la entrada en vigor, el 1 de enero, de los Tribunales de Instancia, una reforma que transformará por completo la estructura de los juzgados. “Los juzgados se van a convertir en secciones del tribunal de instancia”, explicó la magistrada, detallando que los actuales juzgados mixtos pasarán a funcionar como varias secciones dentro de un único órgano. Según indicó, en su demarcación “se van a convertir en seis secciones mixtas con seis plazas de jueces”, aunque precisó que su puesto mantendrá la especialización: “La mía seguiría siendo mixta con la especialidad de violencia”. No obstante, advirtió que no existirá una sección específica para violencia de género, sino que esta materia quedará integrada dentro de las secciones mixtas.

La jueza mostró especial preocupación por la reorganización del personal: “Se está produciendo un problema en cuanto a los funcionarios, porque ahora se están distribuyendo los funcionarios, ya no por juzgados, sino dentro del tribunal de instancia, por materias, y todavía no se sabe cómo se va a configurar eso”. Según relató, tampoco está claro el número de profesionales destinados en el área: “No se sabe cuántos funcionarios va a haber dedicados a la violencia de género, no solo a la tramitación de los procedimientos ordinarios, sino a la violencia de género que viene cada día”.

La magistrada destacó la especificidad y la urgencia de esta jurisdicción: “Cada día hay citados y hay detenidos que hay que resolverlo en el día, de guardia”. Recordó que en estos juzgados existe una “guardia de violencia todos los días”, y subrayó que ella misma la asume de manera permanente: “Estoy todos los días, yo sola”. Actualmente dispone de varios funcionarios, pero la reforma podría alterar esa estructura y poner en riesgo la capacidad de respuesta del órgano.

La protesta nacional

El documento firmado este año por unos 100 magistrados dedicados a juzgados con competencias en violencia de género criticaba que la reciente reforma de la Justicia, que amplía competencias a las salas referidas o constituye los Tribunales de Instancia, “vulnera los compromisos del Convenio de Estambul - sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica- y pone en riesgo la atención integral que merecen las víctimas”. Para los firmantes del comunicado, se está presentado “como una mejora lo que en realidad desborda un sistema ya precario, donde muchos Juzgados no tienen guardias, forense disponible, salas adecuadas o asistencia letrada garantizadas, todo lo cual va a generar espacios de desprotección y supondría un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género”.

Los jueces insisten en que la ampliación de competencia “se impone sin dotación efectiva de recursos, vulnerando la propia Ley Orgánica 10/2022: nada se dice sobre el correlativo y necesario aumento de la plantilla de funcionarios, ni de Lajs, con lo que el embudo será inevitable”. Afirman que esta situación “desmantela de facto la Ley Orgánica 1/2004, que durante 20 años ha sido referente mundial por su atención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas”. Creen que “se está legalizando un modelo que rompe con la atención especializada y deja a las víctimas sin protección real”.