La posible atenuante de enfermedad mental de Alonso gana enteros en el juicio por la muerte de su esposa

El juicio repetido por el asesinato de María de los Ángeles Lozano en 2022 está ganando agilidad con respecto al primero celebrado en la Audiencia Provincial en abril del pasado año. La velocidad en el desarrollo del nuevo procedimiento puede suponer una rebaja de la pena inicial impuesta en 2025 para el acusado, el policía local Alonso G. y marido de la víctima, que fue condenado a un total de 35 años y medio prisión aunque la sentencia fuera posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En la segunda sesión de este miércoles ni los testigos ni la representación letrada de las partes en liza han sido tan incisivos de cara a aportar nuevos detalles del ‘crimen de Parques de Ceuta’, si bien la defensa ha ido ‘allanando el camino’ en cuanto a un posible fallo condenatorio que tuviera en cuenta una supuesta atenuante de enajenación mental del agente, lo que disminuiría su tiempo total en la cárcel en caso de que sea considerado culpable. Las testificales previstas se han practicado de las 10.00 a las 14.00 horas de este 8 de abril y han incluido como pruebas más relevantes las declaraciones de los familiares de las personas implicadas.

Si la primera sesión del juicio repetido por el asesinato de Mari Ángeles coincidió con un cielo gris, para la mañana de este miércoles el suelo amaneció cubierto de lluvia. La sensación de dejà vu ha sido total durante la vista de este 9 de abril, en el que han declarado testigos que ya lo hicieran hace un año: tres familiares de la fallecida —hermana, cuñado y sobrino —, la madre del agente acusado, tres vecinos, la médico que reconoció a Alonso tras el fallecimiento de su mujer, el superintendente de la Policía Local de Ceuta —Sebastián Vega—, el médico responsable del departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad hasta 2019 y el director general de Recursos Humanos de la Ciudad en 2022.

Ninguno de los testigos han aportado nueva información o al menos una muy relevante con respecto a la que se hubiera publicado durante la vista de hace un año, y de hecho el juicio ha ganado en agilidad con respecto al anterior, aunque el procedimiento celebrado en 2025 ‘no cuente’ a efectos de una nueva sentencia. Se nota que las personas que han vuelto a declarar no han cambiado sus versiones y también que hacen menos hincapié en profundizar en algunos aspectos, quizás por haber visto el fallo anterior o el resultado que tuvo su testimonio sobre el mismo.

De la misma manera, las fiscales implicadas y los letrados de cada parte no abundan en muchos aspectos que hace un año parecían cruciales. El abogado representa los intereses de la familia de Mari Ángeles, Javier Cabillas, le dijo al jurado el martes que la línea de defensa tiene dos tesis que a él le resultan “incompatibles”: que aquel 14 de marzo de 2022 alguien en la cocina de ‘Parques de Ceuta’ — bien Alonso o bien su hija— estaba “fuera de sí” y que eso hubiera provocado el fallecimiento de la mujer; y que el agente acusado es “un enfermo mental” que tenía en el momento de los hechos sus capacidades volitivas e intelectivas afectadas.

Parece que esa última línea de defensa, si es que llegan a ser dos distintas, ha sido la elegida por la letrada Inmaculada Guil. La mayoría de sus preguntas a los familiares de Mari Ángeles, que estaban propuestos como testigos por las acusaciones, han incidido en cuestionar si alguno tenía conocimiento de que Alonso estaba diagnosticado con algún tipo de enfermedad mental —en concreto, un trastorno bipolar y uno paranoide de la personalidad—, pero todos han negado haberlo sabido hasta el fallecimiento de la víctima, sobre todo porque “no tenían mucha relación” con él por la animadversión que les produce el procesado. La madre del acusado, por su parte, ha insistido en que “todos sabían” que su hijo padecía una enfermedad mental, así como ha vuelto a repetir la escena de ‘un papelito’ que tiene guardado en su cartera “desde hace muchos años” para acordarse de las patologías que padece Alonso.

El resto de testigos han aportado su conocimiento en las valoraciones y exámenes médicos que se les hace a los policías locales de Ceuta, pero sus declaraciones tienen más interés para la Ciudad Autónoma, que deberá pagar en caso de condena —y de que no la abone el acusado—, una indemnización por su responsabilidad al ser Alonso un agente en funciones en el momento de los hechos.

La médico de Urgencias del Hospital Universitario que atendió al acusado por la tarde del día de autos ha insistido en que en su informe no valoró que el agente estuviese afectado por ninguna patología mental, ya que entonces hubiera avisado a un psiquiatra de guardia para que lo reconociese.

La familia de Mari Ángeles dice que el acusado la trataba “como a una criada” y que ella era “la sumisa”

El segundo día del juicio repetido por el ‘crimen de Parques de Ceuta’ arrancó con las testficales de los familiares más cercanos a la víctima, María de los Ángeles Lozano, supuestamente asesinada a punta de pistola el 14 de marzo de 2022 por Alonso G. Estos testigos eran vecinos de los implicados en el caso al vivir en el piso de abajo, y los tres han coincidido en no tener “una buena relación” con el agente por ser este una persona “arisca”, “maleducada” y “egoísta”, que trataba a su mujer como a “una criada” o a “una sirvienta”.

Hermana, cuñado y sobrino han presentado a la víctima como una mujer que estaba “cada vez más triste” al menos desde la pandemia de la covid-19 —2020— y que sospechaban que esto se debía a una conducta “controladora” de Alonso a largo plazo, si bien, ante las preguntas de Guil, han negado ver un cambio en la actitud del acusado desde que contuvo matrimonio con la fallecida —en torno al año 2000— hasta la muerte de esta última. También han vuelto a describir la relación desigual de poder que se vivivía en el matrimonio y a ella como “la sumisa” que estaba presa del “miedo” que le inspiraba su marido.

A pesar de la relación “cercana” que mantuvieron las hermanas, la mujer que ha declarado este miércoles —y la persona que lo ha pasado peor testificandolo por la referida cercanía con la fallecida— ha asegurado que no tenía información de su excuñado por parte de Mari Ángeles, que era reservada para estos asuntos. “A mí me decían que iban a ir a Algeciras al médico, pero no a qué médico”, ha repetido varias veces.

En la sesión matinal de este miércoles también ha prestado declaración en la sala de vistas de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta la madre del acusado, que ha reconocido haber mantenido una conversación en la que, según la Fiscalía y la hermana de la fallecida, dijo que su hijo “no debería haberlo hecho”, en referencia al homicidio, y también que en cambio “debería haberse matado él”. No obstante, la señora de 81 años ha matizado que lo que manifestó entonces fue que “ojalá le hubiese pasado a él antes que a ella”, en referencia a su muerte.

También han testificado, a petición de la defensa, vecinos de la misma planta con “poca” relación con Alonso, que han negado haber escuchado gritos del núcleo familiar y solo han reconocido haber sentido “un golpe fuerte” el día de los hechos.

El tribunal del jurado del juicio repetido, más participativo que el que no supo motivar el fallo

Puede que la falta de detalles y de reiteraciones de los mismos en este juicio mandado a repetir por el TSJA haya hecho que el jurado esté participando en esta vista más que en la anterior. El tribunal ha formulado al menos cinco preguntas a los profesionales llamados a testificar para que estos aclaren aspectos técnicos sobre asuntos policiales o sanitarios en relación con el acusado.

Al superintendente de la Policía Local le han preguntado por los criterios que se seguían para autorizar que un agente pudiera llevar la pistola a su casa, y Sebastián Vega ha puntualizado que no era necesario el uso de una caja fuerte para custodiarla, sino que más bien “cada policía es responsable” del arma una vez en su domicilio entonces, cuando no había un armero en la comisaría.

Al médico a cargo del Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad le han demandado acerca de la fiabilidad de los exámenes que les realizan a los funcionarios en cuanto a las medicaciones que toman, a lo que ha respondido que los agentes se someten a distintas evaluaciones específicas en función de la información que tenga el departamento en el que trabajaba de cara a realizar una prueba concreta de algún fármaco.