Recursos cruciales: el asesinato de Mari Ángeles, la prevaricación de Deu y Mateos o el ‘caso Emvicesa’

Ceuta/ En el apartado de recursos pendientes, apelaciones ante instancias superiores marcarán el calendario judicial de 2026 en términos de dictámenes definitivos en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA). Entre ellos destacan el escándalo de adjudicaciones irregulares de viviendas públicas —el ’caso Emvicesa’—, los abusos a menores en un centro educativo, el asesinato de Mari Ángeles y la repatriación controvertida de inmigrantes no acompañados por parte de la exvicepresienta del Ejecutivo local Mabel Deu y de la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos.

El ‘caso Emvicesa’, uno de los más complejos en la historia reciente de la ciudad autónoma, centra las expectativas. Iniciado con una denuncia en 2015 por presuntas irregularidades en la asignación de viviendas protegidas por la empresa municipal, culminó en diciembre de 2024 con la condena de cinco años de prisión para el exgerente Antonio López por cohecho y prevaricación. Sin embargo, la Fiscalía recurrió la absolución de cinco empleados, y la defensa de López presentó un recurso de casación ante el Supremo en septiembre de 2025.

Otro frente abierto es el recurso del exprofesor del colegio San Agustín, condenado inicialmente a 18 años y medio de cárcel en junio de 2022 por tenencia de pornografía infantil y abusos sexuales a menores. La denuncia se presentó en 2021, tras revelaciones de las víctimas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebajó la pena a 13 años y medio en octubre de 2023, absolviéndole de uno de los cargos. El acusado apeló al Supremo en 2025, insistiendo en nulidades procesales como el registro de sus dispositivos.

Por otro lado, la condena por prevaricación administrativa a Deu y Mateos añade tensión al panorama al estar personadas las instituciones públicas. El caso surgió de una denuncia en 2021 por la devolución irregular de 55 menores marroquíes a su país de origen, vulnerando normativas de Extranjería. Ambas fueron inhabilitadas para cargos públicos durante nueve años en septiembre de 2025 por la Audiencia, pero las defensas —abogados de la Ciudad y del Estado— recurrieron por considerar la decisión “arbitraria”.

Finalmente, y como confirmó a comienzos de enero El Pueblo de Ceuta, el próximo 14 de enero se presentarán en la sede del TSJA los recursos de las defensas contra la sentencia que condenó a Alonso G., el policía local que asesinó a su esposa, la funcionaria de Justicia Mari Ángeles Lozano, en marzo de 2022. El agente fue declarado culpable del ‘crimen de Parques de Ceuta’ por un jurado popular en mayo de 2025 y sentenciado a 35 años y medio de prisión en julio de ese año por asesinato con alevosía.

La defensa de Alonso recurrió ante el TSJA alegando irregularidades en las pruebas y hará valer sus informes periciales, que fueron rechazados por el tribunal del jurado. Por otra parte, el abogado de la Ciudad Autónoma también recurrió el fallo al estar personada la institución como responsable civil subsidiaria por ser el agente un funcionario público y haber cometido el crimen indumentado y con su pistola reglamentaria.

Según fuentes consultadas por este diario, se espera que la resolución se conozca en los próximos dos meses.