Más de 100 días después, la crisis migratoria sigue teniendo rostro de mujer en Ceuta

Ceuta/ Más de 100 días después de la entrada migratoria masiva de los días 30 y 31 de julio, la crisis humanitaria continúa en Ceuta y mantiene entre sus principales desafíos la atención y protección de las mujeres, niñas y adolescentes que permanecen en la ciudad. Muchas siguen alojadas en recursos de acogida, donde la intervención de los profesionales y las entidades sociales resulta fundamental para atender necesidades que no desaparecen con el paso del tiempo.

La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Livia Rosales, explica a El Pueblo de Ceuta que la elevada presencia femenina fue una de las primeras circunstancias que sorprendieron a los profesionales durante aquella entrada migratoria, muy diferente de otros episodios registrados anteriormente en la ciudad.

"En anteriores entradas migratorias que habíamos vivido en Ceuta, la presencia de mujeres había sido prácticamente inexistente. Estábamos acostumbradas a que la mayoría de las personas que llegaban fueran hombres jóvenes. Pero esta vez era diferente, porque había muchísimas mujeres, niñas y adolescentes", recuerda.

Aquella situación obligó a prestar una atención específica a mujeres embarazadas, madres acompañadas de sus hijos, adolescentes que viajaban solas y niñas cuya situación familiar no siempre podía determinarse con facilidad. Circunstancias que siguen poniendo de manifiesto la importancia de contar con recursos de atención diferenciados y profesionales especializados.

Rosales señala que, desde el comienzo de la emergencia, la principal preocupación de la Unidad fue evitar que estas mujeres quedaran invisibilizadas en medio de una crisis que concentraba buena parte de la atención pública en las cifras de entradas, los dispositivos policiales y la capacidad de acogida.

"No podíamos esperar a que aparecieran las denuncias para empezar a preocuparnos por las mujeres. Teníamos que salir a buscarlas, conocer dónde estaban, escuchar a quienes trabajaban directamente con ellas y estar atentos a cualquier señal que pudiera indicar una situación de desprotección o violencia", explica.

La permanencia de mujeres y menores en los recursos de acogida mantiene vigente la necesidad de atención especializada más de tres meses después de la entrada masiva

Una emergencia con necesidades diferentes

La responsable institucional insiste en que la protección de las mujeres no puede limitarse a garantizar una plaza de alojamiento. También requiere conocer sus circunstancias personales, detectar posibles situaciones de violencia y facilitar el acceso a recursos especializados.

La realidad que encontraron los profesionales durante los primeros días fue especialmente compleja. Había mujeres que habían llegado solas, otras acompañadas de menores, embarazadas y adolescentes que carecían de referentes familiares claros.

A ello se sumaba la dificultad de muchas de ellas para solicitar ayuda. Algunas desconocían el idioma, otras tenían miedo a acercarse a las instituciones y también había mujeres que se encontraban centradas exclusivamente en resolver sus necesidades más inmediatas.

Durante aquella primera etapa, los polideportivos del Príncipe y Los Rosales terminaron convirtiéndose en espacios de alojamiento improvisados gracias, fundamentalmente, a la solidaridad de vecinos que se movilizaron para atender a las personas que no disponían de un lugar donde refugiarse.

Mientras las administraciones habilitaban nuevos recursos, la Unidad comenzó a desarrollar una labor de seguimiento y coordinación con las organizaciones sociales presentes sobre el terreno para conocer las circunstancias de las mujeres y detectar posibles situaciones de riesgo.

Rosales recuerda que una de las principales preocupaciones era identificar a aquellas que podían haber sufrido violencia sexual, explotación o trata, tanto durante el trayecto migratorio como en etapas anteriores de sus vidas.

"La ausencia de denuncias no podía interpretarse como ausencia de violencia", advierte.

Rosales recuerda que la elevada presencia femenina sorprendió a los profesionales y obligó a prestar atención a riesgos que no habían previsto

Las niñas y adolescentes, una prioridad

La protección de las menores constituye uno de los aspectos más delicados de la respuesta humanitaria. Rosales explica que algunas niñas y adolescentes llegaron a Ceuta sin personas de confianza a las que acudir y que, en determinadas circunstancias, resultaba complicado conocer su edad, procedencia o situación familiar.

La posibilidad de que estuvieran expuestas a violencia sexual, explotación, trata, matrimonios forzados o abandono exigía una intervención especializada y una coordinación permanente con los organismos responsables de la protección de menores.

En este ámbito, la Unidad mantiene como referencia la colaboración desarrollada con el Área de Menores de la Ciudad, dirigida por Toñi Palomo, los cuerpos policiales y los recursos especializados, entre ellos el Centro de Crisis 24 horas.

"No podíamos permitir que una niña quedara desprotegida por las dificultades para determinar su edad, por la falta de documentación o porque no se conociera inicialmente su situación familiar", sostiene.

La responsable de la Unidad destaca también el papel de las entidades sociales, cuya presencia directa en los espacios de atención permite conocer situaciones que difícilmente llegarían a las instituciones por otros medios.

La Unidad considera imprescindible detectar posibles situaciones de violencia incluso cuando las afectadas no presentan denuncias ni solicitan ayuda

Una protección que no termina con la acogida

La continuidad de la crisis ha llevado al Gobierno a reforzar los mecanismos de protección mediante el Real Decreto 856/2026, que regula subvenciones extraordinarias por un importe máximo de 1.345.584,83 euros para atender a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad en Ceuta.

La norma contempla actuaciones de prevención, detección temprana, atención psicológica y psicosocial, acompañamiento y recursos de protección especializados, además de la posibilidad de constituir una unidad multidisciplinar de coordinación.

Para Rosales, estas medidas responden a una necesidad que se hizo evidente desde los primeros días: incorporar la perspectiva de género a la planificación de los dispositivos de atención y garantizar que las mujeres dispongan de espacios seguros y profesionales preparados para intervenir.

La responsable institucional considera que la sociedad ceutí no ha llegado a conocer plenamente las circunstancias que atraviesan muchas de las mujeres que llegaron durante la emergencia.

Reconoce la preocupación de la ciudadanía por las consecuencias de la crisis, pero cree que la situación específica de la población femenina ha recibido menos atención que otras cuestiones relacionadas con la inmigración.

"Se habló mucho de cifras, de entradas, de seguridad, de capacidad de acogida y de las consecuencias que podía tener aquella situación para Ceuta. Y, sin embargo, no siempre nos paramos a pensar qué había detrás de cada una de aquellas mujeres", reflexiona.

Rosales defiende que la protección de las personas vulnerables debe formar parte de la respuesta mientras continúen las necesidades de atención, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa.

"Las mujeres no pueden ser una cuestión secundaria dentro de una emergencia. Sus derechos, su seguridad y su dignidad tienen que estar en el centro de la respuesta", afirma.