El PP pregunta al Gobierno por qué Ceuta ya no es de difícil cobertura pese a las vacantes de facultativos
INGESA
Varios diputados del Grupo Popular, con Carmen Fúnez a la cabeza, cuestionan al Ejecutivo ante el Congreso sobre que la ciudad no cumpla con los requisitos para el difícil desempeño pese a sus carencias
El Grupo Parlamentario Popular ha llevado al Congreso de los Diputados el debate sobre la situación de la sanidad en Ceuta y la negativa del Ministerio de Sanidad a considerar la ciudad como zona de difícil cobertura. Una decena de diputados, encabezados por la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha registrado cuatro preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno para que explique por qué mantiene esa posición pese a que, según exponen en base a denuncias del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), continúan las “vacantes de facultativos” y las dificultades para atraer especialistas.
Las iniciativas, que solicitan respuesta por escrito del Ejecutivo, toman como referencia las críticas formuladas por la organización que preside Enrique Roviralta tras las declaraciones realizadas el pasado mes de febrero por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien aseguró que ni Ceuta ni Melilla cumplen actualmente los criterios establecidos para ser consideradas zonas de difícil cobertura.
Aquellas manifestaciones reabrieron un debate que permanece abierto desde hace más de dos años. En febrero de 2023 se publicó un Real Decreto que contemplaba la configuración de los puestos de trabajo del personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) como de difícil cobertura, abriendo la puerta a la implantación de medidas específicas para favorecer la captación y fidelización de profesionales. Sin embargo, desde 2024 el Ministerio de Sanidad sostiene que esa consideración requiere el cumplimiento de trece indicadores objetivos y que, una vez evaluados, ni Ceuta ni Melilla alcanzan los requisitos necesarios para recibir esa catalogación.
Según explicó Javier Padilla el pasado febrero, el Real Decreto establece la posibilidad jurídica de declarar determinados puestos de difícil cobertura, pero esa declaración depende del cumplimiento de los criterios posteriormente aprobados por el Sistema Nacional de Salud. A juicio del Ministerio, ninguna de las dos ciudades autónomas reúne actualmente esas condiciones. Una interpretación que ha sido contestada de forma reiterada por las organizaciones sindicales de Ceuta y Melilla, que sostienen que la realidad asistencial refleja importantes problemas para cubrir plazas médicas y garantizar la estabilidad de las plantillas. A esas críticas se suma ahora el Partido Popular, que ha trasladado la controversia al Congreso mediante una batería de iniciativas parlamentarias.
Las preguntas de los diputados
La primera de las preguntas registradas pone el foco en uno de los principales argumentos esgrimidos por el Sindicato Médico de Ceuta: la persistencia de vacantes de facultativos en numerosas especialidades y las dificultades para captar y fidelizar profesionales sanitarios. Los diputados populares preguntan directamente al Gobierno si prevé aprobar antes de que concluya la presente legislatura alguna medida "de utilidad real" para afrontar esta situación.
En caso afirmativo, reclaman conocer qué actuaciones concretas piensa desarrollar el Ministerio de Sanidad, en qué consistirán, qué recursos económicos y humanos destinará para su puesta en marcha y cuál será el calendario previsto. Asimismo, solicitan que el Ejecutivo detalle cómo consensuará esas medidas tanto con las ciudades autónomas como con los representantes de los profesionales sanitarios. Si no contempla nuevas actuaciones, el PP pide que explique expresamente las razones.
Otra de las iniciativas parlamentarias hace referencia a la creciente dependencia de la sanidad concertada y de las derivaciones de pacientes a hospitales de la península, una circunstancia que el Sindicato Médico considera consecuencia directa de la falta de especialistas y de las limitaciones estructurales del sistema sanitario ceutí.
Los diputados preguntan igualmente si el Gobierno tiene previsto impulsar medidas para reducir esa dependencia y reforzar la capacidad asistencial de la sanidad pública en Ceuta, reclamando información detallada sobre las actuaciones previstas, la inversión destinada, los plazos de ejecución y los mecanismos de coordinación con las administraciones implicadas.
La tercera pregunta reproduce otra de las afirmaciones realizadas por el Sindicato Médico en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Sanidad. En concreto, recuerda que la organización sostiene que "los ciudadanos necesitan médicos, servicios sanitarios completos y una administración que mire la realidad de frente en lugar de discursos optimistas que generan una falsa sensación de normalidad".
Sobre esa base, el Grupo Popular vuelve a interpelar al Ejecutivo para conocer si piensa adoptar medidas específicas antes de finalizar la legislatura que permitan responder a esas demandas y mejorar la cobertura sanitaria en la ciudad autónoma.
La última de las iniciativas se centra en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y, en particular, en la retribución de las guardias localizadas. Los parlamentarios recogen la denuncia del Sindicato Médico de Ceuta, que asegura que estas guardias continúan pagándose a unos 10,5 euros por hora, una de las cuantías más bajas del Sistema Nacional de Salud.
Ante esta situación, el PP pregunta si el Gobierno prevé revisar esas condiciones económicas y qué medidas piensa adoptar para mejorar la remuneración de los facultativos destinados en Ceuta. De nuevo, solicita conocer los recursos previstos, el calendario de aplicación y la forma en la que se negociarán las posibles modificaciones con las administraciones y los representantes de los profesionales.
Las cuatro preguntas mantienen una estructura similar y persiguen que el Ejecutivo concrete si existe una estrategia específica para responder a las reivindicaciones planteadas por los profesionales sanitarios de Ceuta o si, por el contrario, mantiene que la situación actual no justifica actuaciones adicionales.