El servicio de ayuda a domicilio del CAM, “en declive”: las trabajadoras temen despidos

Servicios Sociales

Desde que se manifestaran a las puertas del ayuntamiento hace justo un año la plantilla se ha reducido en 20 personas, debido a que el número de usuarios atendidos es insuficiente para dar empleo a todas

Concentración de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de menores del CAM celebrada en octubre de 2025
Concentración de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de menores del CAM celebrada en octubre de 2025 | Reduan

Ceuta/ “Dignidad laboral para quienes cuidan de futuro”, rezaba el cartel que, con el logo de UGT, sostuvieron hace justo un año a las puertas del Palacio Autonómico las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio para la conciliación de familias con menores que ofrece la Ciudad Autónoma a través del Centro Asesor de la Mujer (CAM). “60 trabajadoras para 20 usuarios”, pudo leerse en otra de las cartulinas aquel 25 de octubre. Por aquel entonces, las empleadas recriminaban a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que la reducción del presupuesto para el servicio -gestionado por la empresa privada Salzillo Servicios Integrales- se tradujera en una merma del número de usuarios atendidos y, por ende, de las jornadas de las empleadas. Un año más tarde, son algo más de 40 auxiliares para atender a una treintena de familias, y la situación, se queja la plantilla, no solo “no ha mejorado”, sino que va “en declive”.

“De ser una plantilla de casi cien muchachas hemos pasado a ser cuarenta desde el año pasado. El servicio ha ido cada vez a peor”, lamenta una empleada con la que ha conversado El Pueblo de Ceuta. En el equipo se ha extendido el temor a que se produzcan despidos, ya que el número de usuarios no da para cubrir las jornadas laborales de las trabajadoras, exactamente como ocurría hace un año. Desde entonces, se han marchado 20 empleadas. Algunas de ellas fueron cesadas, según las fuentes consultadas, aunque reconocen que la mayoría de ellas tomaron la decisión de irse “cansadas de la mala gestión” y de trabajar poco más de 10 horas a la semana. Y pese a la veintena de salidas, siguen siendo demasiadas, por lo que temen que acaben optando por nuevos despidos.

“Lo que no queremos es seguir siendo menos, porque somos un grupo de mujeres vulnerables, la mayoría somos chicas que también tenemos nuestras cargas personales”, lamenta una de las fuentes, que prefiere mantenerse en el anonimato. La mayoría de ellas tiene contratos de 15 horas, algunas hasta de 10, y son solo tres las que trabajan a jornada completa. Esto impide que los salarios que perciben sean “dignos”. En el primer caso, el salario que perciben ronda los 520 euros. “Dime tú quién puede vivir con ese dinero”, lamenta una de las trabajadoras, que, como gran parte de sus compañeras, es técnico de Educación Infantil; otras son maestras, pero ninguna de las dos categorías está reconocida en sus contratos, según garantizan -y fue denunciado también hace un año-. Laboralmente son consideradas “peones no cualificados”, lo cual reduce el sueldo que reciben por el servicio prestado.

Pese a que más del 90% de ellas tienen contratos parciales, sus jornadas están partidas en tres turnos diarios, de forma que aseguran no tener “vida”. Por ejemplo, hay quienes trabajan una hora y cuarto a primera hora de la mañana, una hora y 45 minutos a mediodía y tres horas por la tarde. No está permitido fraccionar en más de dos periodos una jornada a tiempo parcial y partida, en virtud del artículo 39.2 del VIII Convenio Marco Estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Así se establece en el informe elaborado por un inspector de Trabajo y Seguridad Social datado del 14 de mayo de 2025 después de que las trabajadoras denunciaran a Salzillo. El inspector decretó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa por incumplimiento del régimen de jornada a tiempo parcial establecido por el convenio antes referido.

Sin embargo, las fuentes consultadas garantizan que la empresa no está cumpliendo con el mandato del inspector. “Se lo pasan por el forro”, resumen. La murciana Salzillo es desde septiembre de 2024 la empresa subcontratada por el Gobierno local para desarrollar el servicio de ayuda a domicilio destinado a familias con menores a su cargo en situación de vulnerabilidad: monoparentales, víctimas de violencia de género, unidades en inserción laboral y/o formativa, mujeres mayores de 45 años, personas con discapacidad, ingresos bajos y volumen de cargas familiares adicionales. Antes lo fue Atende, en cuya última etapa comenzaron los problemas.

Concretamente, el empeoramiento de las condiciones de las empleadas arrancó en junio. Fue entonces, cuando el convenio con Atende estaba a punto de expirar, cuando la Consejería de Nabila Benzina elaboró las bases de la convocatoria del nuevo contrato para gestionar el servicio, que se financia a través del Plan Corresponsables 2024. La primera vez que se puso en marcha, la totalidad de la partida presupuestaria del Plan fue dirigida al servicio de ayuda a domicilio. Sin embargo, las nuevas bases establecieron que los fondos debían repartirse con el área de Educación, para poner en marcha aulas matinales. Esta iniciativa se hizo con la mitad del monto: 600.000 euros.

“Se ha asfixiado el servicio de ayuda a domicilio. Con las usuarias que hay no sale el trabajo. Ninguna de las chicas completa las horas”, lamenta una de las empleadas. Aseguran que ahora la empresa “está reclamando esas horas” que no han podido trabajar por falta de servicios, por la carencia de usuarios. “Si el CAM no manda usuarios la plantilla entra en una bolsa de horas negativas, vamos acumulando horas. ¿Qué pasa? Que la empresa a cambio quiere disponibilidad 100%. Que si te llaman para trabajar una hora después para cubrirle el servicio tú se lo cubras”, critican.

Además, les apena la cantidad de mujeres que se están quedando sin beneficiarse del servicio, entre ellas, muchas que no tienen pareja. “Han dejado en lista de espera a muchísimas madres monoparentales, priorizando a los matrimonios con niños discapacitados. Yo entiendo que lo necesitan, pero más falta le hace a una madre sin ayuda ninguna. Y algunas con casos de violencia de género”, explican. Lo ejemplifican con el caso de una mujer que solicitó el servicio y a la que le fue denegado bajo el argumento de “falta de disponibilidad presupuestaria”, expuesto en un documento al que ha tenido acceso este diario.

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