Roviralta: “En casi toda Europa hay una regulación propia de los médicos”
Huelga de médicos
El presidente del Sindicato Médico señala que solo España, Croacia y Rumanía ordenan las condiciones laborales del colectivo en un mismo estatuto con el resto del personal sanitario. Hoy inician una huelga para sacar al país de la reducida lista
A los maquinistas ferroviarios les sobraron dos días de los tres de huelga nacional que convocaron este mes para conseguir lo que buscaban. En menos de 24 horas, el sindicato del sector desconvocó el paro ante la llegada a un acuerdo con el Gobierno. Uno que tildaron de “histórico”. Unas semanas antes, 46 personas habían muerto en el trágico accidente de tren en Adamuz, a raíz del cual las voces de los sindicatos y trabajadores del sector fueron escuchadas tras años denunciando el mal estado de las vías. El doctor Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), observa con preocupación que tuviera que suceder algo tan dramático para que el Gobierno “tome en consideración” las viejas reclamaciones de los maquinistas. Aunque advierte que, aunque las consecuencias de la degradación del sistema sanitario público no sean tan “llamativas”, las hay y son catastróficas.
“Cuando una persona tiene que esperar un año para que la vea el especialista o la operen, esa persona va a tener menos posibilidades de acceder a un tratamiento que la cure en caso de que tenga una enfermedad grave”, reflexiona el también presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma. Su colectivo profesional se une desde este lunes hasta el viernes en una nueva convocatoria de huelga nacional para exigir una regulación propia de sus condiciones laborales a través de un estatuto independiente al resto de categorías sanitarias. En Francia, Italia, Alemania, Portugal o Reino Unido, los médicos cuentan con marcos estatutarios o convenios colectivos específicos que regulan su profesión de manera independiente al resto de categorías sanitarias. En todos ellos cuentan con canales de negociación directos con las administraciones públicas.
“En todos los países de Europa existe un estatuto o sistema regulatorio laboral del colectivo médico. Por su singularidad. Solo hay dos países más, aparte de España, que no tienen dicha regulación: Rumanía y Croacia”, explica Roviralta. Frente a esta realidad, según el especialista ceutí, los médicos españoles se están topando con un “ministerio -de Sanidad- completamente obcecado, no dialogante, que quiere hacer como que no va con él la cosa”. El año pasado fueron tres los paros organizados en torno a las mismas reivindicaciones, pero las presiones sostenidas no parecen amedrentar a la ministra de Sanidad, Mónica García. La también médica de profesión se niega a darles a sus compañeros un texto legal propio, que considera “inviable” ya que, a sus ojos, “rompería la cohesión y generaría desigualdades” en la plantilla del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La huelga de febrero concluirá el viernes, pero se celebrará otra en marzo de una semana de duración. Lo mismo se repetirá en abril en mayo y en junio. Los representantes de los médicos españoles lo tienen claro: solo pararán cuando el Ministerio acepte crear un estatuto para su colectivo. Las condiciones laborales de todo el personal del SNS están reguladas en el llamado Estatuto Marco, que lleva 23 años sin actualizarse -desde 2003-. El Ministerio de Sanidad se abrió hace más de un año a negociar su actualización con los sindicatos más representativos en el sector en todo el país (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF). “Ya que se abre el melón de actualizar la regulación de las condiciones del personal sanitario, solo pedimos que se tenga en consideración nuestras singularidades”, resume Roviralta.
El médico ceutí no pudo acudir este sábado a Madrid por motivos profesionales, pero se confiesa alineado con las demandas que resonaron en la marcha que tuvo lugar en la capital, a la que acudieron en torno a 5.000 facultativos para mostrar su rechazo el preacuerdo alcanzado el 23 de enero entre las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación y Sanidad. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), organizadora de la manifestación y de la huelga, denunció que el mencionado preacuerdo salió adelante pese a la oposición de los médicos, representados de forma “prácticamente anecdótica” en el Ámbito de Negociación a través de la CESM. La ministra defiende que la propuesta del Estatuto Marco contempla todo un capítulo dedicado a los médicos, el cual, según el Comité de Huelga, “solo regula de manera específica las guardias -de manera “muy insuficiente y discriminatoria”- y no las condiciones laborales de los profesionales.
“Lo único que pedimos los médicos con estas acciones de protesta es que se mejore el Sistema Nacional de Salud. Que sea atractivo. Porque si no hay reposición de médicos, es inviable”, defiende Enrique Roviralta. No entiende cómo pueden negociarse las condiciones de los sanitarios al margen de su colectivo profesional, sin el cual la sanidad pública española se convertirá, predice, en “un sistema de beneficencia”. “Desgraciadamente, quienes puedan permitírselo se irán a la privada y quienes no se quedarán en una lista de espera”, advierte. Para el facultativo, las “consecuencias” serán más evidentes en el futuro de lo que lo son ahora: “La sanidad pública resulta cada vez menos atractiva para el médico joven, que ve en ella falta de flexibilidad laboral, horas de guardia trabajadas que no les contabilizan para la jubilación y una larga lista de etcéteras. Prefieren irse al sistema privado o a otros países de Europa donde el médico está mucho mejor reconocido, tanto social como laboralmente”.
Los servicios mínimos
Durante cada concentración organizada frente al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) durante las convocatorias de huelga celebradas el pasado año, los portavoces de los médicos han denunciado que los servicios mínimos fijados por INGESA superan ampliamente los necesarios para garantizar la atención urgente. Estos servicios, según explicó Enrique Roviralta, deberían limitarse a los profesionales imprescindibles para cubrir urgencias, tal como ocurre los fines de semana o los días festivos, cuando no hay actividades programadas. Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos asegura que “los días de paro trabajamos más personas que los domingos”, incluyendo especialidades que ni siquiera realizan guardia, como neurología o dermatología.
En ginecología, por ejemplo, se han asignado hasta tres especialistas en servicio mínimo, cuando normalmente un domingo solo hay uno de presencia. “Si estos servicios son esenciales durante una huelga, deberían serlo también en fines de semana o festivos”, enfatizó el dirigente sindical. El Sindicato Médico se hizo eco hace unos días de un episodio que, según señalaron, atenta contra el derecho a huelga de dos médicos. Dos facultativos de Atención Primaria han sido convocados a una comisión de valoración de sus interinidades en plena semana de paro. Según Roviralta, esta actividad administrativa no asistencial podría haberse realizado antes o después de la huelga, pero cree que fue convocada deliberadamente durante los días de protesta.
“Ese es otro ejemplo del talante de INGESA: provocador, hostil y con nula disposición a negociar”, declaró Roviralta. “Por eso hemos recurrido a la Inspección de Trabajo: toda actividad no esencial no debe mantenerse en plena huelga”. Asegura que el INGESA se negó a reprogramarla pese a la solicitud de su sindicato. Para Roviralta, esta actuación refleja “una actitud antidemocrática y una falta de respeto por los derechos laborales de los profesionales”.
Además de los servicios mínimos abusivos, los médicos acusan a INGESA de maquillar las cifras de seguimiento de la huelga, contabilizando como no huelguistas a profesionales que estaban de vacaciones, bajas médicas o en servicios mínimos. “Es la misma estrategia que utilizan con las listas de espera: pierden toda credibilidad frente a la ciudadanía”, afirmó Roviralta. El dirigente sindical advierte de que, ante cualquier intento de coartar el derecho a huelga o de presionar a los profesionales a futuro, los sindicatos actuarán “con total contundencia”, recurriendo a las autoridades competentes para garantizar que se respeten los derechos laborales y la participación legítima en las protestas.