Dos de las seis familias que viven en el Puerta de África ya han sido realojadas

La espera de las familias desalojadas del edificio declarado en ruinas en la céntrica calle González de la Vega ha llegado a su fin. El área de Servicios Sociales de la Consejería liderada por Nabila Benzina y la empresa municipal de vivienda Emvicesa han gestionado ya la reubicación de dos de los seis núcleos familiares que habitan en el Hotel Puerta de África desde que tuvieron que abandonar el inmueble de propiedad pública en diciembre de 2024. Además de buscarles los apartamentos, la Ciudad se encargará de costear el alquiler durante cinco años en los que los gastos de los inquilinos se limitarán a las facturas de la luz y el agua. Así se detalla en el contrato que han firmado con la institución, que se compromete a priorizarlos en las próximas promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

La primera familia en beneficiarse del alojamiento alternativo es la compuesta por un matrimonio y cuatro hijos menores. A continuación, fue el turno de otra de seis miembros, sin niños, aunque con una mujer de 57 años que acaba de sufrir un ictus. Los otros cuatro núcleos familiares siguen a la espera de que Servicios Sociales les comunique cuál será su nueva vivienda. Según ha podido saber El Pueblo de Ceuta, tienen la esperanza de que la próxima semana seguirán llamando a las restantes.

La Consejería de Benzina y Emvicesa, encabezada por Santiago Ramírez, han tenido que trabajar a marchas forzadas desde el inicio del año debido a la inminencia del traspaso de la gestión del hotel Puerta de África de manos públicas a privadas. El inmueble ha sido cedido por 30 años a la empresa Bulyba S.L. La institución debía hacer entrega del hotel a la adjudicataria el 20 de enero totalmente vacío y libre de cargas. Pero fueron necesarias dos prórrogas. La primera, hasta el 31 de enero; la segunda, hasta el 14 de febrero. El otro escollo que frenaba el traspaso oficial del negocio hotelero de 4 estrellas era la plantilla de trabajadores, que la administración ha tenido que reubicar en otras empresas municipales. Desde el 18 de febrero, los empleados ya ocupan nuevos puestos.

La Ciudad Autónoma se ha gastado una media de 50 euros diarios en el alojamiento en el hotel y la manutención de cada familia desde el 14 de diciembre de 2024. En julio de 2025, el Gobierno local informó en un pleno de que, hasta la fecha, se habían desembolsado 43.980 euros en la ayuda a los afectados. Este diario ha intentado sin éxito conseguir el dato actualizado.

Un año a la espera

El 12 de diciembre de 2024, el edificio municipal ubicado en el número 4 de González de la Vega fue declarado en ruina técnica. Los vecinos comenzaron a recibir cartas comunicándoles la nueva e instándoles a desalojar el inmueble de manera inmediata. Una semana después ya habían vaciado por completo las que eran sus casas para algunos desde hacía 30 años, cuando el entonces Ayuntamiento les cedió los pisos en calidad de precario. No debían pagar nada debido a su situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero al firmar el contrato se comprometían a devolver las llaves de las viviendas cuando el propietario -la institución- las requiriera. Y cuando lo hizo, las familias llevaban ya décadas en su interior y se negaron a irse a la calle. Esta es la historia de algunos de los vecinos, los más antiguos, que no todos. Algunos de los que habitaban el inmueble en los últimos años habían llegado no hacía mucho y carecían de contrato.

El Gobierno de Ceuta intentó durante años desalojar el edificio bajo el pretexto de las condiciones deficientes en las que se encontraba. Sin embargo, en paralelo, autorizó reformas en sus bajos para convertirlos en locales comerciales, movimiento que fue muy criticado entre los vecinos. No comprendían cómo podían obligarlos a marcharse por la peligrosidad que entrañaban los defectos en su estructura mientras, a la vez, alquilaban los bajos. Y, sin embargo, los inquilinos sabían que el edificio estaba en ruinas. La prensa ha informado incansablemente en la última década sobre desprendimientos de techos, humedades asfixiantes y demás daños en las casas frutos del deterioro de todo el inmueble. La administración elevó el asunto a la Justicia, que emitió varias órdenes de desahucio sin que fructificara ninguna debido a la presión social y mediática. Hasta la declaración oficial de ruina técnica llegada en las navidades de 2024.

La institución tranquilizó a las seis familias que allí habitaban asegurándoles que no los dejarían en la calle. Como medida temporal, les ofreció alojarse en otra de sus propiedades, el Hotel Puerta de África. Inicialmente les dijeron que la estancia se prolongaría por 15 días con posibilidad de prórroga por otra quincena. Pero acabó convirtiéndose en más de un año. Un año de estancia y manutención pagada por el Gobierno -con tres comidas diarias proporcionadas por Luna Blanca- que, sin embargo, lejos de lujoso, a los vecinos se les antojó un espanto. Y, según han ido relatando a este periódico, no solo por las limitaciones intrínsecas en la vida en un hotel -como el hecho de carecer de una cocina donde preparar comida caliente y variada o no contar con una lavadora-, sino porque las mismas humedades de las que huyeron se las encontraron en Gran Vía.

Los inquilinos han recriminado que durante el año que pasaron en el hotel ningún responsable de la Ciudad se reuniera con ellos para explicarles la situación o, simplemente, escucharles. Tan solo han contado con el apoyo, según dicen, del gerente de Emvicesa, Santiago Ramírez, quien siempre estuvo dispuesto a atender sus llamadas telefónicas constantes. Todo ello según el relato de los vecinos. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, se citó con ellos el 7 de enero de 2026, más de un año después de que llegaran al hotel. Ese día les prometió un realojo inmediato, que ahora sí parece estar en vías de cumplirse.