Los expedientes de discapacidad de Ceuta y Melilla se resolverán desde Madrid

Ceuta/ El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) trabaja en la creación de dos equipos de valoración de los grados de discapacidad que, desde los servicios centrales en Madrid, resuelvan telemáticamente los expediente acumulados en Ceuta y Melilla. En la actualidad, tan solo hay uno activo, que ha recibido digitalmente varios informes desde la ciudad vecina, con una lista de espera “extensa”, según fuentes cercanas a la institución. Ahora se sumarán los casos de Ceuta, donde quedan más de 1.400 reconocimientos pendientes -según los datos a los que ha accedido este diario- pese a los casi 15.000 euros pagados a la Septem para que sus médicos resuelvan 800 fichas. El contrato concluirá con éxito el 15 de noviembre, aunque no haya logrado aliviar los retrasos debido a la falta de otro de los profesionales del equipo de valoración: el psicólogo.

Los últimos casos resueltos en Ceuta datan de verano de 2024, según fuentes anónimas. Se debe a que, pese a que el contrato menor firmado con la empresa Rusadir logró solucionar el problema de la ausencia del médico, en mayo se dio de baja la psicóloga. Los equipos de valoración están conformados por los dos perfiles referidos, además de un trabajador social. Si falta uno, no es posible resolver del todo los casos -con algunas excepciones-. El IMSERSO trata de cubrir las dos plazas vacantes, pero no le está resultando fácil. La dirección territorial ceutí ha publicado “en varias ocasiones” un concurso de traslado para cubrir la plaza del médico, libre desde el fallecimiento del doctor José Manuel Ávila en enero de 2025. “Pero ninguna se ha resuelto porque nadie se presenta”, explican las fuentes consultadas. Sí han recibido ofertas para la sustitución de la psicóloga, que solicitó la incapacidad temporal cuando la prensa local hizo pública la denuncia que la madre de un menor al que atendió interpuso contra ella.

Mientras logran completar la plantilla, la administración recurre a alternativas cortoplacistas. Por el momento, serán los servicios centrales los encargados de resolver los expedientes de las dos ciudades autónomas, según han confirmado a El Pueblo de Ceuta desde la Delegación del Gobierno. El Centro Base del IMSERSO seleccionará los expedientes que se envían digitalmente a Madrid. Por el momento, solo cuentan con un equipo completo de valoración, pero, debido a la demanda de las dos áreas, están trabajando en contratar más personal para constituir un segundo equipo, según ha podido saber este periódico. Las fuentes consultadas se preguntan qué pasará con aquellas personas que deban ser entrevistadas en persona.

El último director territorial de la institución, Juan José López Cabrales, explicó en marzo de este año, cuando una médica de los servicios centrales estaba resolviendo telemáticamente expedientes de Ceuta, que algunos casos “más urgentes” pueden ser informados desde la distancia. Sin embargo, la valoración del Baremo de Deficiencias Global de la Persona (BDGP), además de realizarse mediante informes o vía telemática, puede requerir del reconocimiento presencial, tal y como se indica en la más reciente normativa de valoración de la discapacidad (RD 888/2022). A esta normativa se refirió Cabrales para, mientras aún ostentaba el cargo, explicar el porqué de las demoras.

Las demoras

El exdirector territorial del IMSERSO aclaró que las demoras en las valoraciones y las concesiones de los certificados no solo afectan a Ceuta y Melilla. Es una problemática extendida al “resto de los territorios”, donde las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. Los motivos, aseguró, no solo orbitan alrededor de la falta de médicos, sino también al “aumento del número de solicitudes de valoración” y a la implantación de un nuevo sistema de valoración “mucho más complejo que el anterior”.

La modificación adoptada en virtud del Real Decreto 888/2022, según desgranó López, incrementa los baremos a considerar, con el fin de “ajustarse a las exigencias de la convención de la ONU de 2006 para personas con discapacidad. López relató que las exigencias de este real decreto han provocado una ralentización de los procedimientos de valoración, ya que los profesionales han tenido que adaptarse a una nueva norma que sustituye la que regulaba el proceso desde 1999 (RD 1971/1999). Además, según dijo, en los últimos tiempos se ha producido un “incremento de las solicitudes”.

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