Sale de la cárcel de Morón el policía acusado de asesinar a su esposa, Mari Ángeles

Alonso G., el policía local de Ceuta acusado de asesinar a quien hasta entonces fue su esposa, la funcionaria de Justicia María de los Ángeles Lozano, ha salido en libertad provisional en la tarde de este viernes del Centro Penitenciario Sevilla II de Morón de la Frontera, según han confirmado diferentes fuentes cercanas al caso a este diario. El agente ha cumplido el máximo tiempo que legalmente se puede permanecer en España en prisión provisional, cuatro años, desde que fue detenido el 14 de marzo de 2022 como sospechoso del último crimen machista con resultado mortal que ha vivido la ciudad autónoma. Fue trasladado este jueves en un dispositivo especial organizado en torno a las 14.00 de la tarde directamente desde Ceuta a la cárcel sevillana.

El agente fue condenado en 2025 tras un juicio con jurado celebrado en abril a 35 años y medio de prisión en total por asesinato con alevosía, maltrato en el ámbito familiar, lesiones y un delito contra la integridad moral, si bien la sentencia fue revocada el pasado mes de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por una falta de motivación en el veredicto del tribunal popular. De esta manera, el juicio deberá repetirse a partir del 7 de abril —según adelantó El Pueblo—, pero solo volvería a pasar por la cárcel en caso de que se dicte una nueva sentencia condenatoria.

Alonso volverá a Ceuta para la citada fecha, y entonces deberá cumplir órdenes preventivas de alejamiento de 100 metros y de incomunicación con la que fuera su suegra, con su hijo y con su hija, la testigo directa del crimen. La tesis de la defensa del acusado, tanto de sus familiares citados a declarar como de peritos que realizaron informes sobre el arma reglamentaria del policía y de la escena del crimen, fue ‘apuntar’ a que había sido la niña —menor de edad entonces— la responsable de la muerte de su madre, siempre de manera “accidental” en la mayoría de las declaraciones.

El magistrado-presidente del nuevo jurado popular que volverá a juzgar a Alonso, el juez de la Sección VI Luis de Diego Alegre, ha rechazado así la solicitud del letrado que representa los intereses de la familia de la víctima, Javier Cabillas, de que la prohibición de comunicación y de aproximación se hiciese extensiva a la hermana de la víctima y al esposo de esta última. Por otro lado, las medidas cautelares de aproximación a las personas implicadas quedan en vigor hasta que la sentencia —ya sea absolutoria o finalmente condenatoria— sea firme.

En el auto que emana de la comparecencia del pasado miércoles en la sala de vistas de la Audiencia Provincial en Ceuta, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, el juez también rebajó de 200 a 100 la distancia de alejamiento que habían solicitado las acusaciones “atendiendo a las peculiaridades geográficas de Ceuta y a lo señalado por la defensa” en la última vista. La abogada del agente, Inmaculada Guil, señaló entonces que al etarra Asier Arzallus Goñi se le ha impuesto una prohibición de aproximación a las víctimas de sus crímenes de solo 50 metros frente a los 50 kilómetros que se solicitaba en un principio para ese caso.

Además de estas medidas cautelares, se le ha retirado el pasaporte, se le prohíbe residir en Ceuta excepto los días de celebración del juicio y se le impide salir fuera de España. "Dado el elevadísimo riesgo de fuga, que se acrecienta con la cercanía del juicio oral, se acuerda la comparecencia apud acta diaria en horario de 9.00 a 12.00 horas en las dependencias principales de la Policía Nacional de la localidad que designe como lugar de residencia", reza también el citado auto. Su abogada solicitó que las comparecencias en comisaría no fueran diarias, pero esta petición no ha sido estimada por el magistrado. Guil fue también la que señaló que el año 2024 había sido bisiesto, por lo que ha sido este viernes y no el sábado 14 cuando ha cumplido el tiempo máximo en libertad provisional.

Más del 25% de las apelaciones contra fallos del jurado se estiman y existen precedentes de puestas en libertad ante una repetición del juicio

Los tribunales superiores de justicia autonómicos conceden en torno al 27,3% de las apelaciones presentadas contra fallos dictados por jurados populares, y la causa mayoritaria de estas nulidades es la falta de motivación en el veredicto del tribunal, la misma que esgrimió el pasado martes 20 de enero el TSJA frente a la sentencia por el ‘crimen de Parques de Ceuta’.

Las sentencias nulas suelen obedecer a defectos formales o técnicos en el acta del veredicto, especialmente cuando no se explican de forma suficiente los fundamentos del juicio. La jurisprudencia española exige que la motivación, aunque pueda ser sucinta, permita comprender las razones que han llevado al jurado a sus conclusiones, aspecto que la doctrina y la práctica judicial consideran esencial para la validez del veredicto.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española establece límites estrictos a la prisión provisional para proteger derechos fundamentales, de forma que nadie puede permanecer en esta situación más de cuatro años en total.

La duración máxima inicial es de un año, prorrogable si el delito imputado conlleva más de tres años de pena, hasta un máximo de cuatro. El caso del asesinato de Mari Ángeles, ocurrido el 14 de marzo de 2022, se sitúa en este contexto: el nuevo juicio no se va a celebrar antes de la citada fecha, por lo que el encausado agotará el sábado —o el viernes, por haber pasado un año bisiesto desde su arresto— el límite legal de prisión provisional.

Esto no sería exclusivo, ya que otros acusados en procedimientos con jurado también llegaron a agotar dicho plazo y fueron puestos en libertad antes de la repetición del juicio por razones procesales similares. Jacobo Piñeiro Rial, condenado por el primer jurado por dos asesinatos cometidos en 2006, tuvo que salir de prisión provisional en 2010 tras la nulidad del procedimiento hasta que fue nuevamente sentenciado tras someterse a una segunda vista ante un tribunal no profesional.