El TSJA fija antes de Navidad la nueva vista de apelación por el asesinato de Mari Ángeles

Ceuta/ El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha señalado para el próximo 17 de diciembre la segunda vista de apelación por el asesinato de María de los Ángeles Lozano cometido por su marido, el policía local Alonso G. La nueva convocatoria llega después de que el alto tribunal andaluz ordenara repetir el juicio celebrado en 2025 al apreciar deficiencias en la justificación del veredicto del jurado popular y de volver a ser condenado. La Audiencia Provincial dictó una segunda sentencia el pasado junio de 24 años, ocho meses y un día de cárcel y ahora las partes vuelven a someterla a revisión en la sede del alto tribunal en Granada.

Alonso permanece en situación de prisión provisional prorrogada hasta el 14 de julio de 2034 o hasta que haya una sentencia firme al respecto del caso, si bien llegó a quedar varios días en libertad al haber agotado los cuatro años de tiempo máximo de cárcel preventiva que permite la legislación española.

Por tanto, esta no es la primera, sino la segunda apelación de la causa. La primera concluyó con una resolución del TSJA, dictada el 20 de enero de 2026, que estimó el recurso de la defensa, declaró nula el acta del veredicto del primer jurado y ordenó devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para celebrar un nuevo juicio. La repetición se llevó a cabo en abril y terminó con un segundo veredicto de culpabilidad y una nueva sentencia, que es la que ahora llega de nuevo a la Sala de apelación.

La única parte que no recurrió fue la Fiscalía

La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida tanto por parte de la abogada de Alonso, Inmaculada Guil, como por Javier Cabillas, quien ejerce la representación letrada de los familiares de la víctima. También presentó recurso el letrado de la Ciudad Autónoma, que interviene en el procedimiento como responsable civil subsidiaria. La Fiscalía es la única de las partes que no consta como "apelante-apelado".

Las tres impugnaciones han sido contestadas por las demás partes. El documento judicial detalla que el recurso del acusado fue impugnado por la acusación particular, la Ciudad y el Ministerio Fiscal; el de la familia, por la defensa, la representación municipal y la Fiscalía; y el de la Ciudad, por la acusación particular, el acusado y el Ministerio Público.

La sentencia del segundo juicio condenó a Alonso a un total de 24 años, ocho meses y un día de prisión por cuatro delitos: asesinato, lesiones psíquicas graves, contra la integridad moral y maltrato psíquico habitual. La pena más elevada corresponde al asesinato de Mari Ángeles, por el que se le impusieron 20 años y un día de cárcel, con las agravantes de parentesco y motivación de género y la atenuante de dilaciones indebidas.

Por las lesiones psíquicas graves causadas a su hija, que tenía 16 años cuando presenció el crimen, la Audiencia añadió un año y seis meses de prisión. A esa condena se sumó un año y dos meses por el delito contra la integridad moral de la joven y otros dos años por maltrato psíquico habitual.

El fallo estableció además distintas prohibiciones de aproximación y comunicación respecto de sus dos hijos. Por el asesinato, Alonso no podrá acercarse a menos de cien metros ni comunicarse con ellos durante 26 años. También fue privado de la patria potestad respecto del hijo menor. Las condenas por los delitos cometidos contra su hija incluyen otras prohibiciones de acercamiento y comunicación, con periodos de tres y cinco años, según cada ilícito.

La resolución impuso asimismo cinco años de libertad vigilada y cuatro años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. En concepto de responsabilidad civil, fijó indemnizaciones por un total de 373.500 euros para los familiares de Mari Ángeles.

La sentencia declaró también la responsabilidad civil subsidiaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esta consideración se incorporó mediante un auto de aclaración de 11 de junio, que subsanó la omisión de ese pronunciamiento en el fallo original y mantuvo el resto de sus términos.

La anulación del primer juicio

El origen de esta segunda apelación está en la resolución que el TSJA dictó el 20 de enero de 2026. Entonces, la Sala estimó el recurso presentado por la defensa de Alonso contra la primera condena, que había sido de 35 años y medio de prisión, y ordenó repetir el procedimiento con un nuevo jurado popular y otro magistrado-presidente.

El tribunal consideró que el acta del primer veredicto no explicaba de forma suficiente por qué los nueve ciudadanos que integraban el jurado daban por probados unos hechos y descartaban otros. En lugar de desarrollar los elementos que habían sustentado sus decisiones, el documento se limitaba a enumerar de manera genérica las pruebas practicadas durante el juicio: declaraciones de testigos, informes periciales, pruebas policiales y documentación.

El TSJA calificó aquella justificación como una “mera enumeración inexpresiva” y entendió que no bastaba para conocer cómo se había formado la convicción de culpabilidad. La Sala subrayó que el jurado debía explicar, aunque fuera de manera sucinta, qué elementos concretos le habían llevado a aceptar o rechazar las distintas hipótesis planteadas durante el procedimiento.

Entre las cuestiones que el tribunal consideró insuficientemente razonadas figuraban aspectos esenciales sobre la muerte de Mari Ángeles y las circunstancias en las que se produjeron los disparos. El TSJA entendió que esa falta de motivación impedía revisar adecuadamente la condena y suponía una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a los recursos. Por ello declaró la nulidad del acta del veredicto y ordenó devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para celebrar un nuevo juicio.

De 35 años y medio a menos de 25 de cárcel

El nuevo juicio se celebró en abril de 2026 y concluyó con un veredicto de culpabilidad para Alonso por los delitos de asesinato, lesiones psíquicas graves, contra la integridad moral y maltrato psíquico habitual. El segundo jurado tuvo que pronunciarse sobre los distintos puntos del objeto del veredicto y razonar sus decisiones, precisamente uno de los aspectos que había motivado la anulación del primer procedimiento.

La sentencia posterior, dictada por el magistrado-presidente Luis de Diego Alegre, fijó las penas que ahora se recurren. La nueva condena fue sensiblemente inferior a la primera, que había alcanzado los 35 años y medio de prisión. También redujo de forma notable la responsabilidad civil respecto del fallo revocado.

Como adelantó El Pueblo el pasado mes de junio, la defensa de Alonso presentó recurso ante el TSJA. La abogada Inmaculada Guil confirmó entonces que recurriría la sentencia y expresó su confianza en que la Fiscalía también lo hiciera, por coherencia con la posición que había mantenido durante el juicio respecto a la posible alteración psíquica del acusado.

La letrada sostenía que los informes psiquiátricos debían tener consecuencias en la responsabilidad penal de su cliente y planteó que se aplicara una atenuante o incluso una eximente por trastorno psíquico en los distintos delitos. Sin embargo, el magistrado-presidente rechazó esa posibilidad en la sentencia, al considerar que el jurado había descartado que la enfermedad mental del acusado hubiera influido en su capacidad para comprender o controlar sus actos.

La defensa señaló entonces que tanto el magistrado como los jurados habían tenido en cuenta los antecedentes de salud mental de Alonso, aunque no les atribuyeran el efecto penal que reclamaban la abogada y el Ministerio Fiscal durante el juicio. La discusión sobre esa cuestión forma parte del contexto de los recursos presentados contra la segunda sentencia.

El crimen de Parques de Ceuta

Mari Ángeles fue asesinada el 14 de marzo de 2022 en la vivienda que compartía con Alonso en la barriada Parques de Ceuta. El condenado, que era agente de la Policía Local, acudió aquella mañana al domicilio mientras se encontraba de servicio y vestido de uniforme. Llevaba consigo su arma reglamentaria.

Según los hechos probados, el matrimonio mantuvo una discusión relacionada con una cita médica. La mujer buscó el justificante en la cocina y en la bolsa de basura, mientras la discusión continuaba. Alonso se dirigió entonces al salón, donde había dejado el cinturón con el arma, y regresó a la cocina.

La hija de la pareja, que tenía 16 años, acudió al escuchar la discusión e intentó intervenir para calmar a su padre. El veredicto consideró probado que Alonso la apartó y disparó contra su esposa, que se encontraba al fondo de la cocina, agachada. La joven intentó después arrebatarle el arma y se produjo un segundo disparo que terminó alojado en el interior del frigorífico.