El secretario de Gobierno de la Administración de Justicia en Ceuta no continuará en el cargo

El Ministerio de Justicia publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el relevo de Jesús Esteban Pavón García como secretario de Gobierno del área en Ceuta, según han confirmado fuentes sindicales y judiciales a este diario. El responsable la Oficina Judicial de la ciudad autónoma desde el año 2020 no continuará en el cargo tras meses de malestar creciente entre los profesionales de los tribunales ceutíes, las protestas de los sindicatos y el propio reconocimiento formal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de una “insatisfactoria” implementación en Ceuta en los últimos meses del Tribunal de Instancia, el nuevo modelo del funcionamiento jurídico que ha centrado el blanco de las críticas.  El puesto en cuestión tiene una duración de cinco años en principio, si bien puede seguir prorrogándose hasta los 10 años.

Jesús Esteban Pavón fue letrado de la Administración en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares hasta septiembre de 2020, cuando sustituyó al frente de la Secretaría de Gobierno del área en Ceuta a Josefa Vilar Mendieta. Con la salida de Pavón, el Ministerio abrirá también en los próximos días el procedimiento reglamentario para elegir a un nuevo titular que asuma la dirección de la Oficina Judicial de Ceuta, un cargo de libre designación pero restringido a letrados de la Administración de Justicia en activo.

Fuentes judiciales y sindicales consultadas por este diario apuntan como sucesora en el cargo a una letrada de la Administración de Justicia que trabaja en Melilla; en concreto, a la funcionaria María de los Ángeles Pineda Guerrero. De acuerdo con la misma información, la mujer ya habría sido informada de la decisión del Ministerio de Justicia y habría aceptado su designación —hasta el momento, informal— como nueva secretaria de Gobierno de los juzgados y tribunales de Ceuta.

Apenas dos semanas antes de concluir en toda España la reforma completa del funcionamiento de los antiguos juzgados hacia los nuevos tribunales de instancia, el martes 16 de diciembre del año pasado, los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia de Ceuta y los letrados del mismo organismo se concentraban a las puertas de las instalaciones de Serrano Orive para exigir la dimisión de Pavón alegando vivir “una situación de caos e incertidumbre” ante la inminente implantación del citado nuevo modelo. Denunciaban una supuesta “falta de transparencia” del secretario de Gobierno sobre cómo se abordaría el acoplamiento de los trabajadores a las nuevas oficinas judiciales tras unas demandas de aclaraciones sobre este y otros aspectos que habían sido “sistemáticamente ignoradas”.

Los funcionarios celebraron ese mismo lunes 15 de diciembre una asamblea en la que habían rechazado “firme”, “absolutamente” y por unanimidad la imposición de protocolos, instrucciones y cuadrantes de guardia de la Justicia de Ceuta, que decían que pretendían aplicarse “sin contar con la opinión ni con el consenso de los profesionales”. Con la concentración del día siguiente también protestaban por la imposición de unas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que consideraban “ilegales”, y advertían que “la falta de recursos” y “la improvisación” en la implementación de la reforma colapsarían el servicio judicial de la ciudad.

En la mañana de ese mismo miércoles 17, Pavón mantuvo una reunión en el edificio judicial del Banco de España con los magistrados que operan en los juzgados de Ceuta para darles más información sobre la implantación del Tribunal de Instancia en la ciudad, si bien este encuentro destacó por contar con varias ausencias notables de jueces de peso en los tribunales caballas, así como resultó “de poco interés” o “sin novedades destacables”, según informó puntualmente El Pueblo al respecto.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había pedido la semana anterior que el Ministerio de Justicia adoptara medidas para evitar las “carencias” que pudieran darse antes de la consecución de la reforma, así como había trasladado la “preocupación” de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España al respecto, aludiendo querer “evitar” los posibles “perjuicios a la ciudadanía” que pudieran traer la implantación de los nuevos tribunales de instancia.

Días después de los plantes sindicales y de los magistrados a Pavón, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA anuló la Instrucción 1/2021 dictada por la Secretaría de Gobierno de de Ceuta, y dos meses después el propio Ministerio de Justicia estimó dos recursos interpuestos contra dos resoluciones del mismo organismo; sendos ‘varapalos’ judiciales que también fueron recogidos por este diario.

"Fricciones internas e improvisación"

A finales de abril el TSJA reconoció en su memoria del año 2025 “una incorrecta planificación y definición” de las infraestructuras judiciales de Ceuta, así como que en la ciudad autónoma no se había “resuelto correctamente la reunificación de sus órganos” tras una reforma —la de los tribunales de instancia— cuya implantación no había sido “del todo lógica y satisfactoria” para los operadores jurídicos.

Solo una semana después se celebraban en el Teatro Auditorio del Revellín las XV Jornadas Jurídicas de Ceuta, un encuentro en el que esa “insatisfacción” de los funcionarios en la ciudad capitalizó la mayor parte de las intervenciones de conferenciantes y visitantes, quienes compartieron en su mayoría el mismo malestar.

El propio secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, llegó a reconocer como ponente del evento que la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, había generado “inseguridad” por su “calado” en términos procesales, organizativos y de gestión, si bien también quiso dejar claro que los tribunales de instancia derivados de esa legislación ya empezaban a dar “datos positivos” cuatro meses después de finalizar la reforma.

No obstante, la voz más crítica de las Jornadas en este sentido fue la de la portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Victoria, Marién Ortega, quien ya había expresado en una entrevista con este diario que la reforma, realizada en tres fases temporales, se estaba haciendo “sin método ni planificación”.

"El Tribunal de Instancia nace con una agenda interna bastante cargada. Si en esos tres meses críticos se llega sin planificación, se convierte en una sucesión de fricciones internas y da una sensación de improvisación", expuso Ortega en el Revellín el jueves 7 de mayo, el mismo día que se publicó la referida entrevista.