La 'sospecha' de que los acusados en el macrojuicio por blanqueo están relacionados con “la red de redes del hachís”

Parte de la familia acusada en la vista más larga que se recuerda en la ciudad autónoma —‘el macrojuicio por blanqueo’— conocía al menos a dos de los grandes implicados en la investigación de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) contra la “mafia” del narcotúnel, llamada también por las autoridades “red de redes del hachís” y cuyos supuestos delitos llevaron a que se decretara prisión provisional para 15 personas entre el pasado domingo 29 de marzo y el lunes 30. Así lo han confirmado fuentes conocedoras de ambos casos consultadas por El Pueblo de Ceuta al respecto, que también han apuntado una serie de relaciones personales e incluso económicas entre ambos grupos.

Casi un año y medio después de que quedara visto para sentencia el referido macrojuicio aún no hay fallo para uno de los procedimientos “más complejos” en la historia de los tribunales de la ciudad autónoma no solo por el número de pruebas testificales que se practicaron, sino también por la cantidad de documental que hay en una larga investigación que se dirigió durante años contra una familia y contra personas relacionadas con ella. Aún a la espera de la sentencia, que no se conocerá hasta al menos los primeros meses de este verano, la investigación de la UDYCO contra “la red de redes del hachís” ha arrojado luz sobre las relaciones entre ambas causas.

El presunto cabecilla de la trama del narcotúnel, M.C.B.C., aparece en las pesquisas del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil contra los investigados en el macrojuicio debido a que uno de los acusados, M.M.L., le compró un terreno en Marruecos al ‘capo’ de “la red de redes” con “la ayuda” financiera del principal investigado —F.J.P.— en la trama que supuestamente blanqueaba el dinero ganado por avituallar a narcolanchas en altamar, una actividad comúnmente conocida como ‘petaqueo’. En el momento de los hechos M.M.L. y F.J.P., fugado de la justicia desde hace más de cinco años y quien evitó el juicio, eran cuñados, ya que el primero era entonces el novio de la hermana del segundo.

Durante la vista, la compra del controvertido terreno no fue negada por el cuñado del principal acusado ni tampoco la financiación del mismo, ya que habría recibido 32.600 euros de F.J.P. para la adquisición. M.M.L. se limitó a prometer que no tenía conocimiento sobre a qué actividad se dedicaba el vendedor, pero sí admitió que F.J.P. le adelantó el referido montante para que adquiriera dicha parcela con la condición de devolverle el dinero sin intereses y en un plazo de 10 años. “Es normal. Era el hermano de mi pareja y nos quiso ayudar, pero todo era legal y fue mediante transferencia y contrato”, aseguró.

En esta misma línea, la Guardia Civil atribuía la compra de un vehículo por parte de F.J.P. que se realizó importando el coche desde Alemania y que habría sido “un regalo para la esposa de M.C.B.C.”, si bien este punto no pudo explorarse en profundidad en el macrojuicio al continuar el investigado en busca y captura; al igual que su hermano, A.D.P., considerado por la Fiscalía el ‘lugarteniente’ de F.J.P.

El guardia civil y la guardería

De acuerdo con las referidas fuentes, hay “más conexiones y varios vínculos”. Uno de ellos es el hecho de que A.A.F., el guardia civil que supuestamente ayudaba a “la red de redes” a introducir el hachís desde Marruecos hacia territorio europeo “no es que sea socio de F.J.P., pero sí que son conocidos y amigos”.

Una última conexión sería la utilización en la Costa del Sol de la misma “guardería”, una palabra que se usa en la jerga narco para designar un espacio en el que se hace acopio de grandes cantidades de droga antes de su posterior distribución. En ambas investigaciones contra sendos presuntos grupos criminales parte del hachís o de las petacas de gasolina terminarían en la finca de las Sabinillas, un espacio en el que los hombres de ‘Potito’ —supuesto jefe de la microcélula con la que “la red de redes” transportaba el estupefaciente por mar y lo custodiaba en tierra— tuvieron un conflicto relacionado con el pago por el uso de las citadas instalaciones, tal y como ha publicado este mismo lunes El Pueblo y siempre según la investigación de la UDYCO.

Todas estas relaciones, no obstante, aún son evidencias de las investigaciones y deberán ser respaldadas en futuras sentencias.

El macrojuicio por blanqueo

Las sesiones del macrojucio por blanqueo tuvieron lugar en la Audiencia Provincial de Ceuta desde el martes 1 de octubre de 2024, cuando las partes expusieron las cuestiones previas, hasta el lunes 2 de diciembre del mismo año, día en el que 12 de las 13 personas acusadas pudieron ejercer su derecho a la última palabra.

La “causa matriz” en la que estaba al frente la OCON-Sur investigaba un supuesto delito contra la salud pública en el que habrían incurrido principalmente los varones acusados en el posterior macrojuicio sobre el blanqueo de capitales, pero finalmente esta primera fue sobreseída por falta de pruebas al no encontrarse rastro de ningún alijo de hachís. A pesar del mencionado sobreseimiento, algunas de las pruebas presentadas durante el proceso de instrucción de la investigación del delito contra la salud pública las heredó esta segunda causa, lo que permitió que la Guardia Civil obtuviera los permisos requeridos para realizar intervenciones en los teléfonos de los acusados o colocar dispositivos de geolocalización en las embarcaciones implicadas.

A partir de estas pruebas, la justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieron investigando a los mismos acusados y a su círculo familiar más cercano desde 2018 hasta la explotación del dispositivo en 2019. La Fiscalía solicitó para los procesados que estaban más supuestamente implicados en la trama de blanqueo, incluidos ambos hermanos fugados, más de 10 años de prisión por estos hechos.

El propio F.J.P. adquirió una nave en el Polígono del Tarajal cercana a las dos descubiertas en las tramas de los narcotúneles. Estas últimas las utilizaba M.C.B.C. para abaratar el coste de la distribución del hachís hasta los 300 euros el kilo.